AYOTZINAPA, “LA VERDAD HISTORICA”

• A cinco años de su desaparición forzosa, sus
  padres tienen esperanza de encontrarlos vivos, pero… 

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

--Primera parte --

CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 26 de septiembre de 2019.- Dicen que la luna de octubre es la más hermosa, pero para los estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares, la del 26 de septiembre de 2014, es la más sanguinaria que han vivido y a cinco años de la desaparición forzosa de los 43 normalistas, exigen que los encuentren, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, pero el ex procurador Jesús Murillo Karam asegura que fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al rio San Juan, en Guerrero, aunque hay otra voz que asegura que no es en ese, sino en otro, donde están y desde hace dos días hacen excavaciones con la esperanza de hallarlos para darles Santa sepultura y resolver este caso tan plagado de corrupción y mentiras.

Sin embargo, esta “verdad histórica” es rechazada por sus familiares, que desde ayer permanecen afuera de la Fiscalía General de la República, para hacer presión con su presencia y exigir que se investigue su desaparición, por lo que a partir de hoy y durante ocho días jóvenes estudiantes de ocho  escuelas de la UNAM estarán en paro en solidaridad con la petición de los afligidos padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26  y 27 de septiembre de 2014.

El equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sostiene que tan sólo en el arranque de las averiguaciones  sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cargo del entonces procurador general Jesús Murillo y el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, autoridades federales y de Guerrero cometieron al menos 158 irregularidades en torno a 83 personas detenidas por este caso, de las cuales 58 ya fueron liberadas.

En total de los 143 implicados han liberado a 77.

EL ATAQUE

La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala y estatal de Guerrero persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acusándolos de haber tomado ilegalmente autobuses en la terminal local.

En el ataque resultaron heridos periodistas y civiles, con un saldo de al menos nueve personas muertas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador Murillo Karam dio una conferencia de prensa en la que dio a conocer la “verdad histórica”, relatando que fueron interceptados y secuestrados por sicarios del grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado y preso como responsable del secuestro, asesinato, incineración y desaparición de los muchachos en un río, en el que arrojaron las cenizas de los 43 normalistas.

 De acuerdo con la versión oficial de la PGR, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos, junto con el director de la Normal, José Luis Hernández, ​ habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala, que presidía un evento de su esposa, María de los Angeles Pineda, también presa por los mismo delitos.

En la confusión de esa noche, de si eran estudiantes o del grupo rival Los Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos decidió ejecutarlos como lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras el empleado de la gasolinería.

Sin embargo, los padres de familia rechazaron esta versión, porque carecía de un sustento científico y técnico, y desde entonces sostienen que sus hijos están vivos, incluso pidieron a los poetas que participarán en el evento de aniversario en el Angel de la Independencia a no referirse a ellos como difuntos, sino como vivos, porque tienen esperanzas de encontrarlos en alguna cárcel clandestina.

UN PRESO DICE QUE ESTAN EN OTRO BASURERO

Pero, Eliseo Villar Castillo, excoordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlán, preso desde 2015, en el penal de Chilpancingo, Guerrero, declaró que “algunos compañeros” le dieron información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa; de quienes dijo “no salieron del estado de Guerrero”, aunque confirmó la versión de que “están muertos, pero sus restos están en otro lugar”.

Esta información, dijo, ya la tienen Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos humanos, población y migración; el antropólogo Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El 15 de junio de 2019 les entregó los datos y “el 18 de julio nos sacaron del penal para celebrar otra mesa de trabajo; nos señalaron en un mapa y nos dieron una ubicación satelital que nos mostraron en una computadora”.

“Ya tienen ellos la ubicación exacta del lugar donde se encuentran los muchachos y son ellos los que deben de dar esa información, pero  el licenciado Alejandro Encinas aún no la ha revelado” ni ha cumplido lo que le ofreció a cambio de dársela.

Por ello dirigió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador:

“Me dirijo de forma directa a nuestro presidente de la República, porque he buscado a las autoridades que son responsables de este caso, pero a más de tres meses (de las reuniones con Alejandro Encinas) no han cumplido con su responsabilidad; y es por eso que hago público este caso porque se aproxima el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas y, sin embargo, no se ha dado con su paradero.

“Yo encontré la información acá, en el penal, y sería un cómplice, sería un cobarde si me quedara callado, escondiendo la verdadera información del caso”.

“Así es (están muertos), así me lo han confirmado los actores directamente involucrados en el caso. En su momento ellos, a la autoridad responsable tienen que darle esa información detallada, de cómo sucedieron los hechos”.

Sin embargo, Encinas no ha hecho nada ni siquiera a cumplido las ocho peticiones que le hizo su informante a cambio de la ubicación exacta de donde están los normalistas:

Protección personal para él y para sus fuentes, para los padres de los normalistas, presentación del fiscal de la verdad para el caso Ayotzinapa, de un agente del Ministerio Público Federal, operativos de seguridad en el lugar donde están enterrados los normalistas, seguridad especial para los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Juchitán y Azoyú; y seguridad para todas las organizaciones sociales que lo respaldad.

Hasta hoy no se ha informado nada oficialmente, pero ya se buscan a los normalistas en el basurero de Tepecuacuilco, ubicado a 10 minutos de Iguala, rumbo a Huitzuco, municipio que no fue investigado pese a que hay evidencia de que un grupo de los 43 normalistas fueron llevados hacia ese rumbo.

Por ello, la FGR citó a declarar al entonces gobernador Angel Aguirre, quien aseguró que gustó irá, “porque nunca me escucharon”.

También citó a declarar a Iñaki Blanco, ex Procurador, y a Leonardo “V”, ex Secretario de Seguridad Pública de esa entidad, para aclarar todas las inconsistencia que hay en el caso.

El exprocurador Murillo Karam dice que esta encantado de que revisen su investigación en la que prueba, que al menos en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron incinerados tres jóvenes estudiantes, de los cuales se pudo identificar a través de ADN a Alexander Mora y Jovani Guerrero.

Los diputados piden que se investigue a Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como a funcionarios judiciales y jueces involucrados en el caso Ayotzinapa.

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