Las autoridades buscan minimizar los hechos y han llegado al exceso de desprestigiar a las propias víctimas, informa el primer visitador genera de Derechos Humanos de Mèxico, Raúl Plascencia Villanueva, al revelar que en esta hipótesis coinciden cinco informes de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales de Derechos Humanos: Informes de la Comisión Interamericana de Derechos, Naciones Unidas, del Instituto Chiuahuense de la Mujer, Comisión nacional de DH en México y Amnistía Internacional, que ante la falta de informes claros de los homicidios recurrieron a las víctimas y sus familiares, para recabar datos.
Carlos Mario Gòmez de Amnistìa Internacional declara que en la busqueda de esa información han sufrido hostigamiento por parte de las autoridades estatales, que alegan que “esos hechos dan mala fama a Chihuahua.
Por su parte, el ombusman de Mèxico, José Luis Soberanes Fernández, dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que no sólo están pendientes de cumplir por los tres órdenes de gobierno muchas acciones relacionadas con los homicidios y desapariciones de mujeres ocurridos en Juárez, Chihuahua, sino que a pesar de los más de 300 millones de pesos destinados por los gobiernos Federal y Estatal para procurar justicia, atender a las víctimas, fortalecer el tejido social, impulsar políticas públicas con perspectiva de género y tendentes a prevenir más homicidios de mujeres, no se ha logrado frenar esta forma de violencia, ya que de enero de 2004 al mismo mes de 2008 han ocurrido 89 casos más, lo que representa un aumento de casi 30% de los homicidios registrados en una década en esa ciudad fronteriza.
Raúl Plascencia de los Derechos Humanos de México cita que se ha demostrado que la apatía para resolver esos crímenes, tiene como finalidad proteger a funcionarios y redes de poder involucrados en esos asesinatos, toda vez que muchas de las muertas fueron secuestradas y violadas durante varios días. Después fueron asesinadas, no sin antes ser torturadas y sufrir mutilaciones, principalmente de los senos.
“Se insistía, añade, que esos eran crímenes pasionales y que habían sido resuelto, pero tal parecía que pretendían tapar los delitos, para que no se sepa que esas jóvenes fueron robadas para llevarlas a fiestas de orgías sexuales, en las que participaban hombres y funcionarios de poder, entre los que estaban desde un policía hasta un encumbrado empresario o funcionario público, aparentemente honorables”.
Tras esas fiestas clandestinas, al otro día, tristemente los cuerpos amanecen sembrados en campos algodoneros, parajes solitarios propiedad de ricos empresarios, narcotraficantes, vendedores de autos e incluso funcionarios públicos, pero nunca se han seguido estas líneas de investigación, afirma Plascencia.
Los cuerpos de las víctimas se han encontrado en zonas del Ejército, bandas, traficantes de armas, autos, donde arrojan los cuerpos con huellas de quemaduras por refrigeración, mutilados, con mordeduras humanas en todo el cuerpo, quemaduras de cigarro por doquier, “Se trata de un poder que puede coaccionar a las fuerzas gubernamentales. Es una forma de amedrentarlo”, refiere Plascencia.
La comisionada Guadalupe Morfìn declara que se han destruido pruebas de evidencia, como quemar prendas de las víctimas, por lo que casi imposible tener pistas. Los informes confirman la apatía de la policía para atender esas investigaciones, por lo que existen más de 100 denuncias contra ministeriales por irregularices en los procesos de investigación de las muertas de Juárez.
Revela que el caso de un ex servidor público de la Procuraduría de Justicia Estatal, Héctor Armando Labra, acusado de secuestrar y violar a dos jovencita, así como ofrecerlas a una red de prostituciòn que servicia a empresarios poderosos de Chihuahua, que fue liberado pese a que todas las agravantes lo acusaban, corre un velo de misterio en torno a las muertas de Juárez y evidencia que el enemigo esta en casa.
La suma de irregularidades es grande.
El periodista Sergio González cita que se han inventado culpables, y que han sido inculpados falsamente por homicidios que no han cometido varias personas inocentes que están en la cárcel, mientras los culpables siguen libres.
Se ha comprobado, agrega, que no hay pruebas que los inculpen, como el caso de Sharif, de los Rebeldes, La Foca y El Cerillo, a quines torturaron violentamente. Uno de ellos murió en su celda a causa de las torturas que le aplicaban, para que se inculpara, ya que no hay elementos probatorios en contra de ninguno de ellos. Se ha presionado a los jueces para que encarcelen inocentes, sostienen Sergio González e Isamira Aguirre, periodista y analista del caso de las Mujeres de Juárez.
Al presentar el Segundo Informe de Evaluación Integral de las Acciones Realizadas por los Tres Ámbitos de Gobierno en Relación con los Feminicidios en el Municipio de Juárez, Chihuahua, en enero de 2008, el Ombudsman nacional, acompañado por el primer visitador, exhortó a las autoridades a cumplir en sus términos con las propuestas que se les hicieron en el Informe especial de la CNDH, del 25 de noviembre de 2003, y atiendan las observaciones formuladas en el Informe de seguimiento, del 24 de noviembre de 2004, así como en el primer informe de evaluación integral, del 23 de agosto de 2005.
Soberanes Fernández refirió que en los últimos 15 años, 463 mujeres han sido privadas de la vida en dicha ciudad fronteriza, por lo que la CNDH “desea activar, de nueva cuenta, la conciencia ciudadana acerca de la ingente necesidad de no asumir como hechos normales los feminicidios de Ciudad Juárez, pero tampoco los errores y las omisiones de quienes tienen la responsabilidad de resolverlos”.
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