Reportajes Metropolitanos

Hasta ahí, merecía elogios, porque sus antecesores no lo pudieron hacer en tres lustros. Él lo hizo en diez meses de su administración.
Sin embargo, cayó de la gracia de los habitantes del Distrito Federal, pues por perseguir a los delincuentes se fue contra el derecho de propiedad de los particulares, al expropiar a la “trompa talega” predios donde había bodegas de productos de supuesta dudosa procedencia. Esto último es asunto mercantil y judicial, por ésta vía debió irse y no por la policíaca o fuerza pública. Ejemplo: promover órdenes de cateo ante los juzgados competentes, pero no despojar ni invadir lo sagrado para todo ciudadano, su incólume derecho a la propiedad, por el cual se derramó mucha sangre desde la Revolución Francesa, en la que por vez primera se obtuvo ese derecho ciudadano que, posteriormente, adoptaron las constituciones de otros países, entre ellos: México.
El problema surgió porque se había comprometido a erradicar el ambulantaje en una fecha determinada, sin tener los espacios físicos para reubicar a los microcomerciantes. Alguien le sugirió que expropiara inmuebles del México viejo y los reconvirtiera en plazas comerciales para alojarlos. Se les hizo fácil ignorar o pisotear los derechos civiles elementales. Es público y notorio el actuar oficial en Tepito e Iztapalapa, entre febrero y el 21 de marzo de 2007. De inmediato, los propietarios de los predios afectados y de la mercancía robada (no decomisada ni documentada ni remitida a un almacén oficial) se ampararon y obtuvieron la suspensión legal (quince en principio) otorgada por los tribunales. Tan sólo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al Gobierno del Distrito Federal dejar sin efecto el decreto expropiatorio de ocho predios en Iztapalapa, conocidos como el polígono de La Ford. (36 mil metros cuadrados)
Después vinieron apremios para el pago de multas, porque el GDF en cuatro ocasiones consecutivas no presentó los expedientes de las expropiaciones y por retrasar los juicios. Las denuncias contra el GDF aumentaron a medida que se daba a conocer el avance de la justicia al proteger a los denunciantes por despojo. En enero del 2008 se sumó la denuncia formal del Instituto Nacional de Antropología e Historia contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, presentada ante la PGR, por demoler 14 inmuebles clasificados como monumentos históricos, en predios donde edificaría plazas comerciales para los comerciantes ambulantes.
Desde principios de diciembre, los diputados panistas de la ALDF reunieron muchas de las inconformidades de los comerciantes establecidos en La Ford, quienes argumentaron que nunca recibieron notificaciones ni requerimientos para desocupar ni las autoridades presentaron argumentos válidos para efectuar las expropiaciones y menos, anticiparse a demoler las construcciones sin juicio previo, con lo que se cometió flagrante violación a las garantías individuales de los afectados, omitir el derecho de audiencia de los ciudadanos, la nula justificación de la causa de utilidad pública por la que se expropia, en fin por los errores jurídicos, omisiones y por abuso de autoridad, despojo y robo de las pertenencias. Los legisladores consideraron que procede la remoción o desafuero del Jefe de Gobierno, conforme al artículo 122 constitucional. De acuerdo a este precepto jurídico la remoción la puede promover el Congreso de la Unión o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En diciembre enviaron el primer mensaje.
Por si fuera poco, el 8 de enero, la Comisión de Gobierno de la ALDF aprobó la formación de una subcomisión de diputados de las Comisiones de Administración Pública local y de la Administración y Procuración de Justicia para investigar a fondo cada una de las expropiaciones realizadas por instrucciones del Jefe de Gobierno y los casos de desacato. Los perredistas bloquearon a dicha subcomisión.
El Poder Judicial de la Federación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal concluyeron que la Ley de Expropiación no es el instrumento legal idóneo para sancionar conductas delictivas. Los coordinadores de los partidos políticos de oposición indicaron que la citada subcomisión legislativa “atenderá las demandas de los ciudadanos, para aclarar y evitar dudas, pero no existe campaña alguna contra Marcelo ni se pretende desaforarlo”. Aunque las organizaciones no gubernamentales de ciudadanos opinan lo contrario.
Como respuesta a lo anterior, las autoridades policíacas respondieron en forma retadora que ya tienen detectados más de 50 inmuebles para ser expropiados en distintas delegaciones, como parte del combate al crimen. Esto deja en estado de indefensión a los propietarios de predios, quienes nada tienen que ver con las actividades de los inquilinos, en la mayoría de los casos.
Los abogados, consultores y litigantes, dicen: “Las autoridades deben realizar cateos con órdenes judiciales, esperar a que los detenidos muestren los papeles que acreditan la propiedad de los productos y servicios mercantiles, los contratos de arrendamiento y la comprobación de las actividades lícitas a las que se dedican, y escuchar a los propietarios de los predios. Quienes no demuestren lo anterior, pues que sean consignados al juez correspondiente, pero siempre en acato y respeto a la ley y los derechos humanos, los derechos civiles y los derivados de toda actividad comercial legalizada. Pero no atropellar a los honestos y que operan dentro la ley”.
Por otra parte, el famoso “predialazo”, otro error y omisión jurídica ahora a cargo de la Secretaría de Finanzas y de la Tesorería del Distrito Federal, por tanto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, no salva su responsabilidad con el hecho de ordenar un descuento del 30 por ciento en el pago de predial a los ancianos de 70 años de edad en adelante.
¡Farsa! Pues, desde el año 2000, el beneficio a los adultos mayores de 60 años de edad, pensionados, madres solteras, viudas y desempleadas se les ayuda con el descuento de más del doble de ese porcentaje anunciado ahora en forma demagógica, para el pago del impuesto predial anual. Qué quiere decir. ¿Acaso además de duplicar, triplicar y sextuplicar el impuesto citado en el 2008, redujeron o desconocieron de un plumazo, ese beneficio de más del doble del porcentaje ahora aplicado? El problema no es de descuentos, la inconformidad de los contribuyentes capitalinos es por el alza a la tarifa impositiva, sin base técnica ni proporcional ni equitativa como dice la Constitución.
El Jefe de Gobierno eludió ajustar a la baja dicho gravamen, lo más justo posible, de lo contrario quedará como otro abuso de autoridad, atropello a los derechos ciudadanos y los perredistas, partidistas y legisladores, continuarán con su silencio, sin defender las causas populares por las que se desgarran las vestiduras cada vez que pueden.
Marcelo Ebrard, por su parte, se juega su futuro político o desafuero. Al tiempo lo dejamos. Por lo pronto, los panistas, legisladores locales y federales, ganan terreno al abordar las causas ciudadanas desatendidas o agraviadas por las autoridades defeñas.