Deyanira Vivas Requena

Desde hace varios años Radio Caracas Televisión ha mantenido un continuo ataque contra el presidente de Venezuela Hugo Chávez. No recuerdo por parte de ellos una sola nota favorable a su gobierno.

María Isabel Galván Rocha

He leído con sumo cuidado sobre el problema de Venezuela y deseo externar un comentario.

El que no se haya renovado la concesión a RCTV no es acallar o atentar contra la libertad de expresión.

Dicha libertad la pueden ejercer los hombres y mujeres venezolanos en diversos medios escritos o hablados. RCTV no es el unico canal, y no es acallado, pues continuará sus trasmisiones por televisión de cable.

¿Por qué en otros casos no se dan explicaciones?, por ejemplo la cancelación del programa matutino de Ricardo Rocha y de otros tantos periodistas de radio, ¿por qué no se concedió la estación de radio al Gobierno del DF?, o cuando se está atacando continuamente al grupo de estudiantes que tratan de mantener una estación de radio en un CCH y que pertenecen a la otra campaña.

Por justicia, se debe hablar con la verdad: Televisa y la CIRT nos hablan de libertad de expresión cuando en México es lo más vulnerado.

COLOMBIANOS TRAS EL NARCOTERRORISMO EN MÉXICO: CONASEJU

* Pretenden transformar a México como "el ángel blanco de América Latina"

MEXICO, DF.- "Con el afán de destruir al gobierno legítimo del presidente Felipe Calderón, fuerzas oscuras provenientes del extranjero, particularmente de Colombia y azuzados por el poder económico del siniestro y terrorífico régimen militar de Venezuela que manipula el golpista Hugo Chávez,   pretenden no sólo envenenar con droga a millones de jóvenes mexicanos, sino de transformar a México como "el ángel blanco de América Latina".

El Consejo Supremo de la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia (CONASEJU), tras manifestarse en esos términos, alertó que uno de los enemigos más importantes para desestabilizar al país y que ya se conserva como un foco del mal, es el Partido de la Revolución Democrática, el cual antes, durante y después de las elecciones del 2006, se ha connotado en pro de la violencia.

Lo que buscan por todos los medios es dar "un golpe de Estado" al Gobierno de Calderón, por lo que la CONASEJU exigió no sólo al Ejecutivo federal sino a todas las fuerzas armadas del país, a desarrollar un frente común para avasallar al enemigo que está enquista entre los mismos mexicanos dominados por intereses del extranjero.

La presidencia colegiada de la CONASEJU, integrada por el doctor Miguel Aldana y por el abogado Miguel Arroyo, coincidieron que el Aparato de Inteligencia de México debe accionar su brazo ejecutor en contra de todos esos focos guerrilleros que están siendo adiestrados por las fuerzas militares colombianas, dotándoles además de dinero y droga. "Son grupos auspiciados con el PRD que ha desplegado campos de droga apoyados por altos capos de Colombia", subrayó.

Aldana Ibarra detalló que la guerrilla urbana "pica y sale" de inmediato para realizar ajustes de cuentas en contra de quienes consideran que son un estorbo, sean policías federales o elementos de las Fuerzas Armadas, a los que ya se les perdió el miedo y el respeto para desarrollar sus oscuras operaciones en México.

Y como muestra, el doctor comentó sobre el reciente crimen perpetrado en contra de José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

"El narcotráfico no está jugando", sentenció el jurisconsulto quien determinó que la CONASEJU mantendrá su posición irrestricta para apoyar con planes estratégicos al Gobierno del Presidente Calderón, quien pese a sus enunciados, "los abogados unidos de México estaremos atentos para proporcionar todos los elementos justicieros necesarios para castigar a quienes han irrumpido la paz social del país".

Admitió que es alarmante lo que le está sucediendo al país pues ya son alrededor de mil narcoejecuciones, de las cuales el 10 por ciento de las víctimas eran funcionarios de seguridad.
Es imperdonable, reafirmó, que el Estado mexicano siga permitiendo que se instaure otro 'Estado' y que a simple vista pretenda balcanizar a la República con asesinatos seriales, al grado de dejar mensajes en víctimas encostaladas o emboscadas, al muy estilo de la mafia organizada. "Esto es una clara afrenta", acotó.

Lo más grave que le ha ocurrido a México, indicó, es la pérdida de respeto hacia para sus instituciones sobre todo a las Fuerzas Armadas y a los Ministerios Públicos Federales.  Convocó al Jefe del Ejecutivo federal a una urgente reunión con miembros de la CONASEJU, para determinar la estrategia que se deba implementar y contrarrestar la fuerza del narcotráfico ya que es una prioridad de seguridad nacional.

La sociedad en su conjunto, afirmó, ya está cansada y exige al Gobierno que no se ande con misticismos y mucho menos con tibiezas; "si el hampa organizada ha rebasado los parámetros de seguridad nacional, es urgente que se redoblen las estrategias de acción, pues de lo contrario podría haber un crimen de dramáticas consecuencias nacionales".

Aun cuando se conoce cuáles son las entidades que viven en una permanente zozobra y que a final de cuentas debido a los últimos sucesos criminales que se han registrado y que a la sociedad la han hecho más vulnerables, el doctor Aldana señaló que cuando menos 17 estados viven en un latente peligro bajo el asecho del narcotráfico.

¿Que sigue después de tantos atentados en contra de las instituciones y de la sociedad?, se le interrogó. El facultativo aceptó que las endebles autoridades han permitido que la llamada narcoguerrilla "esté recobrando su fuerza y en cualquier momento podría atentar hasta contra la vida del Presidente de la República".

Reprobó las declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que las tropas deben regresar a sus bases y no inmiscuirse en tareas que sólo obedecen al control de los cuerpos policiacos. "El Ejército es una institución que debe resguardar la seguridad nacional y diluir las amenazas en las que el narcotráfico pretende destruir la base de seguridad social a través de meticulosos atentados", puntualizó.

CALDERON Y PEÑA NIETO SUPERVISAN EL TREN SUBURBANO

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* Entrará en Operación en 2008
* Unirá a DF y Edomex en 23 minutos
* Constará de Siete Estaciones
* Ebrard, el Gran Ausente

MEXICO, DF.- El presidente Felipe Calderón, acompañado de su hijo menor Juan Pablo,  el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez; y el supervisor de Obras del Distrito Federal, Arturo Ruiz, supervisó los avances del Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, que se prevé será inaugurado el próximo año.  Al encabezar la primera prueba de movimiento de los vagones recordó que esa obra inició cuando era director de Banobras y que le tocará ver terminado como presidente. Destacó que con esta obra se unirá el centro del Distrito Federal con el estado de México y beneficiar a casi cinco millones de personas que se tienen que trasladar a esa zonas. Es un sistema de transporte que no contamina, es eficiente y seguro, resumió.  Constará de siete estaciones: Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael y Tlalnepantla en el estado de México, y Fortuna y Buenavista en el Distrito Federal, que atenderá los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, y las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco, y durante la primera fase, sus trenes recorrerán un total de 27 kilómetros en aproximadamente 25 minutos

Disminuirá el tránsito de la zona norte del Valle de México al reemplazar la circulación de más de 18 mil vehículos, entre autobuses, microbuses, combis y automóviles. El gran ausente del evento fue el jefe del gobierno capitalino Marcelo Ebrard, quien viajo hoy a Nueva York, para asistir a un evento ambiental. Sus representantes informaron que el GDF concluirán en octubre próximo las siete obras viales de mitigación del Tren Suburbano, que consisten en la construcción  de un centro comercial de 300 mil metros cuadrados en lo que fue la estación vieja del ferrocarril de Buenavista, donde se concentrarán tiendas departamentales, hoteles de categorías cinco estrellas y servicios diversos, similares a los ofrecidos  en la zona de Perisur.

Por su parte, los diputados del PRD, Tomás Pliego por el Distrito X local y Armando Barreiro por el Distrito 8 federal, presentaron ante la CNDH una queja en contra de las autoridades del Gobierno Federal, que de manera directa o indirecta son responsables del proyecto del Tren Suburbano. La querella, que fue admitida por parte del Ombudsman nacional, da cuenta de una serie de hechos que a decir de los legisladores perredistas constituyen atropellos a los derechos de libre transito, seguridad, información y salud de los habitantes de las colonias Buenavista, Atlampa, Guerrero, Tlatelolco y Santa María la Ribera de la Delegación Cuauhtémoc.

SAÑA EN SENTENCIA DE LIDERES DE ATENCO: CCIPDH

Tras conocer la noticia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, fueron
sentenciados a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables del delito de secuestro equiparado, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos emitió un comunicado que textualmente dice:

Los sentenciados no han gozado del derecho a la presunción de inocencia, pues aunque el juez en su sentencia afirma que "existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad", la defensa ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que estos supuestamente se produjeron. La acusación, por otra parte, tampoco ha sido capaz de aportar testimonios –ni siquiera los de las presuntas víctimas del secuestro- que probaran la comisión del delito.

La saña con la que está actuando la procuraduría de justicia estatal, que se ha apresurado a solicitar la revisión de la condena para que se aplique el máximo previsto en el código penal de 120 años de prisión,
contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo de 2006: los culpables materiales e
intelectuales de, entre otros, delitos perfectamente documentados de homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias permanecen hasta el momento en libertad y gozan de una total impunidad.

La elección de le fecha para comunicar la sentencia, justo cuando se cumplía un año de la brutal represión que vivió el pueblo de San Salvador Atenco, sólo puede interpretarse como una clara advertencia
desde el poder del estado al movimiento social del valle de México para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y mantener su lucha legítima por decidir sobre sus territorios.

Esta práctica es especialmente grave si se tiene en cuenta de que estos días la prensa se ha hecho eco de nuevos planes gubernamentales para relanzar el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en Texcoco.

Esta comisión espera que estas condenas absolutamente arbitrarias y desproporcionadas no sea la señal pare el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco por seguir sosteniendo
una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que viven por generaciones.

COOPERATIVA EXCELSIOR
COMUNICADO.

*El caso de EXCELSIOR a la ONU en NY.
*Aquí todo favorece a los Vázquez Raña.
*No nos rendimos: recurriremos al amparo.

Mediante un escrito entregado hoy en Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 392 cooperativistas de EXCELSIOR solicitamos la intervención del Secretario General, así como del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ese organismo, en virtud de que las autoridades mexicanas, tanto del ámbito federal como las del Distrito Federal, siguen actuando con abierta parcialidad a favor de Olegario Vázquez Raña y de Olegario Vázquez Aldir, en el caso de la fraudulenta operación de compra-venta de nuestro diario.
Copias de tal documento fueron entregadas hoy mismo en la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Presidencia de la República (en Los Pinos).
Una prueba más de que se protege a los Vázquez Raña, a pesar de que se han presentado pruebas irrefutables de que esos empresarios de origen gallego nos han despojado de nuestro patrimonio, surgió hoy de una reunión de nuestros representantes con Rafael Mateos Poumián, Fiscal Para Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la que participó también Ángel Brito, agente del Ministerio Público.
El fiscal había ofrecido decidir hoy sobre la reapertura de la averiguación previa contra Jesús Campos Llinas, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y sus 17 presidentes de las juntas especiales, o ratificar el no ejercicio de la acción penal en contra de estos. Sin embargo, se limitó a indicar que el asunto continua bajo análisis y que por escrito dará respuesta a una serie de peticiones hechas por nuestros representantes. Está claro que tratan de cansarnos, pero reiteramos que continuaremos nuestra lucha hasta sus últimas consecuencias.
Como se ha informado, la denuncia penal y demanda de juicio político en contra de Campos Llinas obedece a que el tribunal a su cargo, sin ser competente para ello, avaló el 23 de enero del 2006 la liquidación de cooperativistas. Tal acción, además, fue elevada a la categoría de laudo ejecutoriado. No obstante, dos presidentas de juntas especiales que ya declararon ministerialmente, reconocieron que los cooperativistas “liquidados” mantienen sus derechos intocados.
En el escrito dirigido al secretario general de la ONU y al Alto Comisionado se hace hincapié en que es tal la parcialidad a favor de los Vázquez Raña, que en la PGJDF (Fiscalía de Asuntos Relevantes) se ha violado el procedimiento que es de orden público y se ha dado ventaja a los inculpados, cambiándoles su situación jurídica a testigos, y luego, cuando fueron citados no comparecieron y se recibió su testimonio por conducto de un apoderado.
Lo anterior ha dado lugar a demandas de juicio político ante la Secretaría General del Congreso de la Unión, en contra de los siguientes funcionarios:
Rodolfo Félix Cárdenas, procurador de Justicia del DF; Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (de cuyas oficinas incluso fuimos corridos); Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por negarse a formar una comisión investigadora y Marcelo Luis Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, por discriminar a los cooperativistas y violar en forma grave sus garantías individuales.
Se informa también a la ONU que a Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, se le ha solicitado audiencia en cuatro ocasiones y hasta la fecha se ha negado a concederla.
De igual manera, se informa a los altos funcionarios de las Naciones Unidas, que la PGJDF se ha negado a efectuar diligencias solicitadas, como la comparecencia de los Vázquez Raña, Francisco Javier de Anda Herrera, Armando Heredia Suárez, Pascal Beltrán del Río, José Andrés Barrenechea Álvarez, Jesús Campos Llinas y Guadalupe Alexander Freizieres.
En el contexto de aclarar que la compra-venta de EXCELSIOR, se realizó de manera fraudulenta, la PGJDF tampoco ha accedido a realizar una inspección ocular para reconstruir los hechos, y en el caso de Francisco Javier de Anda Herrera y Armando Heredia Suárez, ambos con cargos en nuestra Cooperativa y al mismo tiempo empleados de los Vázquez Raña, comparecieron el tres de octubre del 2006, pero se negaron a contestar a las preguntas del Ministerio Público en relación con la fecha, el precio, las condiciones y las personas que intervinieron en la compra-venta de los nombres de EXCELSIOR y sus otras publicaciones, edificios, mobiliario, archivo, maquinaria, equipos de oficina y otros bienes de la cooperativa.
Pese a todo, no nos rendimos, y así lo manifestaremos el próximo lunes en una reunión con Rodolfo Félix Cárdenas, procurador de justicia del Distrito Federal, si no la cancela.
Anunciamos, finalmente, que uno de nuestros próximos pasos será recurrir a la justicia federal, mediante el amparo que solicitaremos cada uno de los 392 cooperativistas empeñados en esta lucha. La corrupción que hay tanto en el gobierno federal como en el gobierno del Distrito Federal no nos detendrá.
Cualquier comentario o información se agradecerá a la siguiente dirección electrónica

IMPUNIDAD A UN AÑO DE LOS
HECHOS DE ATENCO-TEXCOCO

A un año de los hecho violentos en San Salvador Atenco, la Comisiòn Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) declarò en un comunicado que el 4 de junio del 2006 hizo públicas 13 conclusiones y recomendaciones en su informe de investigación tras la IV Visita de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, de las cuales ninguna ha sido atendida por las autoridades mexicanas.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la intervención policial en el pueblo de San Salvador Atenco, documentadas en nuestro informe, continúan prácticamente impunes: apenas unos pocos policías han sido sancionados y solamente en vía administrativa con algunos días de suspensión.

Hasta el día de hoy, no se han realizado acusaciones formales contra los responsables de los homicidios de Francisco Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea. A pesar de las denuncias presentadas por catorce mujeres ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México por casos de abusos sexuales y violación producidos en los momentos de su detención y traslado, hasta el momento solamente se ha procesado a un policía por delito de “actos libidinosos”, estando aún pendiente su sentencia.

Mientras tanto, continúan ingresadas en diferentes prisiones 29 personas, tres de ellas en un Penal de máxima seguridad y 165 personas que fueron detenidas y acusadas, están en libertad bajo fianza pero enfrentadas a juicios por delitos de ataques a las vías de comunicación en su tipología agravada.

Las cinco personas extranjeras expulsadas permanecen sancionadas mediante la prohibición de entrada a pesar de las evidentes irregularidades cometidas en el proceso de expulsión por las autoridades migratorias.

Tampoco se han atendido las recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, ni nacionales como las de la CNDH y está pendiente de hacerse pública la investigación abierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre estos hechos.

Queremos recordar que el informe de la IV Visita de la CCIODH fue avalada por miles de firmas de organizaciones, instituciones, colectivos y personas de diferentes países del mundo y presentado ante el Parlamento Europeo, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas así como diferentes parlamentos nacionales y autonómicos con la voluntad de que sean atendidas sus demandas para reparar el daño causado y esclarecer y depurar las responsabilidades.

Resulta altamente preocupante esta dejadez de responsabilidades públicas, pues este tipo de omisiones están detrás de la impunidad de los funcionarios públicos en sus actuaciones y, con ello, constituyen la semilla de nuevas vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Desgraciadamente, el conflicto de Oaxaca es prueba de ello, como ha podido comprobar la CCIODH en su recientmente, según queda recogido en el informe de la V Visita.

Vemos con gran preocupación la situación actual sobre la situación de los Derechos Humanos en México y por ello consideramos necesario en este momento reiterar nuestras conclusiones y recomendaciones sobre los hechos de Atenco. Como parte de la sociedad civil internacional, mantenemos la alerta para su cumplimiento y vigencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. La Comisión considera probado que en el operativo policial de fechas 3 y 4 de mayo se produjo un uso excesivo de la fuerza pública en la actuación policial contraria a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla. No se respetaron los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

2. Por eso la Comisión considera que las fuerzas policiales no se rigieron dentro del marco del Estado de derecho, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internaciones suscritos y ratificados por México, y en las leyes y reglamentos aplicables.

3. La Comisión considera que los abusos policiales representaron una grave vulneración masiva de derechos humanos que se tradujo en una serie de presuntos hechos delictivos como las detenciones ilegales, allanamientos de moradas injustificados, la muerte de una persona, una agresión con resultado de muerte cerebral, actos de tortura, multitud de agresiones físicas, verbales y morales, graves atentados a la libertad sexual (incluso violaciones), vulneraciones de los derechos procesales de las personas detenidas, entre muchos otros.

4. La Comisión considera que la mayor parte de las mujeres agredidas y/o detenidas en Atenco fueron objeto de gravísimas agresiones sexuales de diversa índole, que consideremos pueden ser tipificadas como tortura sexual.
La atención que recibieron las mujeres a su llegada al centro penitenciario de Santiguito fue prácticamente inexistente hasta el día de hoy. Este hecho resulta particularmente grave al tratarse de personas víctimas de agresiones sexuales y malos tratos reiterados.
Asimismo, la comisión considera que existen serias dudas sobre la forma como se documentaron las agresiones sexuales sufridas por las mujeres tanto en el centro penitenciario, como parte de otras autoridades que posteriormente las visitaron.
Hasta el día de hoy no se ha ofrecido a todas las mujeres víctimas de violencia sexual en los hechos de Atenco una atención especializada médica, psicológica y social que pueda reparar los graves daños causados.

Recomendamos el establecimiento de apoyo médico, terapéutico y social para todas la mujeres que han sufrido agresiones.

Recomendamos el establecimiento de medidas urgentes de protección para aquellas mujeres agredidas sexualmente y, especialmente, aquellas que han presentado denuncia o van a hacerlo.

Denunciamos la dificultades que las mujeres han sufrido para presentar sus denuncias por agresiones sexuales y la desatención institucional que han recibido, así como la negación de sus testimonios.

5. La Comisión considera que la aceptación por parte de las propias autoridades de que se cometieron excesos o abusos policiales no implica una asunción suficiente de las responsabilidades por parte del Estado. Se debería identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la elaboración o planificación del operativo así como en su ejecución.

6. La Comisión considera que las primeras medidas en la asunción de esas responsabilidades deberían ser: 1) el cese inmediato del Comisario General de la Agencia Estatal de Seguridad, el Sr. Wilfrido Robledo Madrid así como del comandante David Pintado Espinos, máximo responsable policial del operativo de la policía estatal; 2) el cese inmediato del responsable del operativo de la Policía Federal Preventiva, el Comisionado Alejandro Eduardo Martínez Aduna, y del Jefe del Estado Mayor, el General de Brigada Ardelio Vargas Fosado.

7. La Comisión considera que las graves vulneraciones de derechos humanos descritas en este Informe son consecuencia directa del problema estructural de impunidad del que han gozados, históricamente y hasta el día de hoy, los agentes de los diferentes cuerpos de seguridad mexicanos en ejercicio de su función pública. En este sentido, la Comisión considera que resulta imprescindible que se impulsen de manera inmediata las reformas legales necesarias para perseguir con mayor eficacia los delitos cometidos por los agentes de policía así como depurar las responsabilidades de sus superiores jerárquicos. En el futuro se debe erradicar cualquier situación de impunidad.

8. La Comisión considera que se debe dotar al sistema jurídico de los instrumentos idóneos para implementar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y armas de fuego para garantizar el respeto a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión entiende que se debe evitar que miembros del Ejército Mexicano participen en operativos policiales.

9. La Comisión considera que se debería proceder con la mayor diligencia y celeridad a la averiguación y esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, la Comisión muestra su preocupación por el hecho de que el inicio de la campaña electoral está significando un retraso injustificable en la investigación y persecución de los agentes de policía responsables de las vulneraciones de los derechos humanos descritos en este Informe.

10. La Comisión considera necesaria la inmediata puesta en libertad de las personas detenidas aún presas en los penales de "Santiaguito" y "La Palma", con base en el principio de presunción de inocencia. Igualmente, considera inaplazable la revocación de las medidas de expulsión acordadas contra las personas extranjeras detenidas en el operativo policial.

11. La Comisión interpela a todos los actores políticos, a la sociedad civil en general y en especial a las organizaciones en defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a que ejerzan una función activa de control y supervisión de la actuación de los poderes públicos como garantes de la democracia. En este sentido, la Comisión hace público su compromiso de mantenimiento de la labor de observación civil iniciada y tal efecto piensa establecer una comisión de seguimiento de las recomendaciones. Igualmente, la Comisión ha puesto en marcha los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, en concreto comunicaciones urgentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintos Relatores Especiales de Naciones Unidas. Por último, los hechos denunciados en el presente informe los entendemos, si cabe, más relevantes por el hecho de que México ostente en la actualidad la presidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

12. La Comisión considera que existe un conjunto mínimo de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados que deberían implementarse de modo inmediato. Las medidas de reparación deberían ser consensuadas con los propios afectados e incluir, como mínimo, y siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para situaciones similares a la presente:

• Reparación moral. Restitución del honor de las víctimas y del daño inflingido a su imagen privada y pública a través del reconocimiento oficial del trato injusto y vejatorio recibido y del daño provocado por el hecho de ser considerados como delincuentes.

• Reparación emocional de las personas afectadas. Arbitrar todas las medidas para que la comunidad en su conjunto y las personas y familias afectadas en particular reciban la atención médica y psicológica adecuada por profesionales que sean de su confianza en aquellos en que sea necesario. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a la atención psicológica o psiquiátrica donde es básico que los afectados puedan confiar en quienes les atienden terapéuticamente.

• Reparación del daño comunitario a través de programas de reconstrucción del tejido social. Estos no deben, en todo caso, convertirse en herramientas de división y confrontación a través de programas o sistemas de ayuda condicionada o de presión a través de falsos consensos, por lo que se recomienda la monitorización de los mismos por organismos independientes de carácter nacional o internacional.

• Reparación económica. Compensación por los perjuicios sufridos como consecuencia de la violencia (económicos, en educación, salud u otros) y en especial aquellos derivados de la pérdida de empleos como consecuencia de los actos de violencia ejercidos o de los hostigamientos posteriores.

• Reparación legal. Procesos de justicia con la punición de los hechos establecidos legalmente como delictivos. Sin una justicia real y efectiva, cualquier medida reparatoria es parcial.

• Reparación social. Articular los mecanismos que garanticen que no existen limitaciones al uso de la ciudadanía, la participación social y política individual u organizada de la población de Atenco. La reconstrucción social de Atenco pasa, indefectiblemente, por la participación activa y comprometida de sus ciudadanos en la vida comunitaria.

• Reparación histórica. Reconocimiento de la verdad histórica que permita la creación de una memoria colectiva que prevenga situaciones similares futuras.

13. La restauración de la convivencia es un proceso complejo que va mucho más allá de la búsqueda de la verdad o la justicia para tener como última estación encontrar las causas originales del conflicto. Con mucha frecuencia esta encuentra sus raíces en razones estructurales (pobreza, desigual acceso a recursos, ausencia de acceso real a canales de participación política etc.). En este sentido la principal medida reparadora para el pueblo de San Salvador Atenco y la principal demanda recogida reiteradamente en las entrevistas realizadas con la población es atender a las causas originales del conflicto analizadas en este informe. En este sentido atender de manera justa y adecuada a las reivindicaciones en la atención educativa o en salud, la vialidad y las obras públicas o la gestión de los espacios públicos, por citar algunos de los elementos más conocidos, es, sin duda alguna, el principal elemento reparador.