Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25 de abril de 2025.- Gran controversia genera la aprobación del Senado de la República del dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se pretende amordazar la libertad de expresión, como lo ha hecho con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, a los que ha sometido y diseñado a modo consolidando a México como un país con gobierno corrupto y autoritario.
Las voces críticas señalan que la administración de la presidenta Sheinbaum impulsa una serie de modificaciones que, lejos de fortalecer la justicia, la ponen en riesgo e internacionalmente posiciona a México como un país antidemocrático, lo que resulta negativo justo cuando el país está en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras designar terroristas a los carteles de las drogas.
Con estas restricciones, de aprobarse, Sheinbaum se evidencia como cómplice, ya que no sólo pretende evitar que los países extranjeros como Estados Unidos circulen comunicados en los medios informativos de México, como lo hicieron para amenazar a los migrantes de que no crucen la frontera, y si lo hacen serán deportados de inmediato sin derecho a entrar de por vida a la nación americana.
Hasta ahí, bien, pero eso de bloquear los sitios web de Internet y cualquier red social que difundan información adversa al gobierno, es censura a la libertad de expresión, y podría enfrentar demandas incluso internacionales, que ya se preparan ante la ONU.
El dictamen a la iniciativa, enviada ayer al Senado de la República por la presidenta Sheinbaum Pardo, se avaló con 29 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.
Al presentar el dictamen a nombre de las tres comisiones, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, destacó que con esta ley la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será la encargada de asumir la rectoría de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
En el proyecto avalan que ATDT puede bloquear cualquier plataforma digital, prohíbe a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos.
También se adjudican el poder de prohibir la transmisión de publicidad engañosa, publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, con lo que amordaza a la Prensa, tal como lo han hecho en países como Venezuela y Nicaragua, donde los presidentes Nicolas Maduro y Daniel Ortega son dueños de los medios de comunicación y personalmente transmiten la información que quieren.
La aprobación de esta ley, sin un debate público y sin escuchar las voces de todos los sectores involucrados, genera sospechas y tendría consecuencias profundas y negativas para México.
A nivel internacional, la imagen del país como una democracia comprometida con las libertades fundamentales se vería gravemente dañada, ya que México ahora es comparado con regímenes autoritarios, como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Sur y otros lo que complicaría que las relaciones bilaterales y debilitaría la posición del país en foros globales e incluso alejaría inversiones.
Internamente, la ley, propuesta por el senador Ricardo Monreal, podría exacerbar la polarización política, generar un clima de desconfianza y limitar la capacidad de los ciudadanos para informarse y participar plenamente en la vida democrática.
México enfrenta serios desafíos en materia de seguridad y Estado de derecho, y restringir la libertad de expresión solo abonaría a la opacidad y dificultaría la rendición de cuentas.
Es crucial que el Senado de la República escuche las voces de alerta que se han levantado desde diversos sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, organizaciones periodísticas y escuelas de periodismo nacionales e internacionales.
La libertad de expresión no es un lujo, sino un derecho fundamental y una condición indispensable para el funcionamiento de una democracia sana.
Aprobar la “Ley Censura”, sería un grave error con consecuencias duraderas para el futuro de México.
La amenaza silenciosa de la censura no debe concretarse.
Es innegable que Claudia Sheinbaum impulsa cambios comprometidos con su antecesor Andrés Manuel López Obrador, a quien protege de sus nexos con el Cartel Sinaloa, que, junto con el Cartel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, entre otros, han orillado a México y a su población a un grave riesgo de seguridad y económico, ante la embestida del presidente Donald Trump, que declaró terroristas a los narcotraficantes de México y otros países.
En su estrategia para salvar a López Obrador, que está escondido huyendo del gobierno americano, se diseñó desaparecer a todos los organismos autónomos, modificar las leyes judiciales y del Amparo, para hacerlas a modo que favorezcan a políticos corruptos, y encarcelar a quienes se opongan a ellos, como pretenden hacerlo con el ex gobernador Silvano Aureoles, que, en la administración de AMLO, lo denunció en EEUU de proteger al cartel Sinaloa, pero ahora, según el gobierno federal, el delincuente es él.
La misma acusación contra López Obrador la han hecho en organismos internacionales los partidos políticos PAN y PRI, así como senadores republicanos estadounidenses que claman bombardear México.
La censura a la libertad de expresión se agravará con las elecciones del 1 de junio para elegir jueces y magistrados hechos a medida del gobierno de Sheinbaum, para liberar a su gente y encarcelar a los opositores, tal como ocurre en Venezuela y Nicaragua, que también han sometido al Poder Judicial, como lo está haciendo la sucesora de AMLO.
Es evidente que el gobierno federal maneja a su antojo las elecciones de jueces y magistrados, para amordazar el Poder Judicial, como lo ha hecho con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y como ahora quiere hacerlo con Internet, para bajar cualquier sitio web no afín a su gobierno autoritario.
Las elecciones de jueces y magistrados del 1 de junio, un proceso que, según los detractores, podría resultar en la designación de funcionarios de baja calidad y manipulables por el gobierno.
La sombra de la injerencia gubernamental se cierne sobre el poder judicial.
La preocupación radica en la posibilidad de que los nuevos jueces y magistrados, en lugar de ser garantes de la justicia y el estado de derecho, se conviertan en meros instrumentos del poder ejecutivo que insiste en amordazar la libertad de expresión en todas sus formas.
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