Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
México se prepara para una jornada electoral sin precedentes: la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir, por primera vez en la historia, a los integrantes del Poder Judicial, a nivel federal y en 19 entidades federativas.
En total, se elegirán 881 cargos federales, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito, además de aproximadamente 1,800 cargos judiciales locales.
Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como parte fundamental de la llamada “Cuarta Transformación”, ha desatado un intenso debate y generado serias preocupaciones sobre sus implicaciones para la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país.
Las elecciones judiciales de 2025 en México no son una jornada electoral más.
Representan un experimento democrático sin precedentes que, para muchos, es un riesgo inminente para la autonomía de la justicia y un posible golpe a la ciudadanía al arrebatarle un Poder Judicial independiente y capacitado.
La preocupación por la infiltración del crimen organizado, la politización de los jueces y la debilidad de los filtros de selección son alarmas que la sociedad civil y los especialistas no ignoran.
El futuro del Estado de Derecho en México pende de un hilo en estas urnas, donde la elección de 881 cargos federales y cerca de 1,800 locales no solo definirá quiénes impartirán justicia, sino también la fortaleza y la independencia de uno de los pilares fundamentales de la República.
“Lo que va a ocurrir este domingo es un fraude, una tranza, una estafa para que MORENA tome el control total y absoluto del Poder Judicial. La Comisión Permanente Nacional ha hecho un llamado a todos los que ocupamos cargos de dirigencia en el Partido Acción Nacional para no ser parte de este fraude vulgar y por lo tanto no salir a votar este en esa elección fraudulenta.
“Por supuesto respetar la voluntad de quien vote libremente. Pero, es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocemos y MORENA tendrá el control total del Poder Judicial”, afirmó el senador Ricardo Anaya, al asegurar:
“No acudiré a este vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo”, resaltó.
Anaya es una de las muchas voces que han denostado estas elecciones, que otro sector de políticos y analistas califican como un golpe del Estado a la ciudadanía.
Tradicionalmente, los jueces y magistrados acceden a sus cargos a través de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, la experiencia y la especialización.
La elección popular, argumentan los críticos, podría transformar la judicatura en una carrera política, donde la lealtad partidista o la popularidad pesen más que la capacidad jurídica.
Esto plantea un escenario preocupante: si los jueces dependen del voto popular para su permanencia en el cargo, podrían sentirse presionados a tomar decisiones que agraden a la mayoría o a los grupos políticos que financiaron sus campañas, en lugar de apegarse estrictamente a la ley y a los principios de imparcialidad.
Para muchos, esto representa un debilitamiento del Poder Judicial como contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, un pilar esencial de cualquier democracia funcional.
Se percibe un riesgo de que el poder se concentre, erosionando los contrapesos que evitan abusos y garantizan el equilibrio democrático.
La Sombra del Crimen Organizado: Un Peligro latente
Uno de los temores más latentes y mejor fundamentados es la infiltración del crimen organizado en este proceso electoral.
Las elecciones de 2024, que precedieron a estas judiciales, fueron las más violentas en la historia reciente de México, con cientos de víctimas de violencia político-criminal.
Se teme que esta violencia se traslade a las elecciones judiciales de 2025.
Organizaciones civiles y analistas han alertado sobre la alta probabilidad de que el crimen organizado busque “capturar” los poderes judiciales, especialmente a nivel local.
¿El objetivo?
Garantizar impunidad para sus operaciones, litigar sus propios asuntos con facilidad y traficar influencias.
Ya se han presentado denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado o con antecedentes penales, lo que enciende las alarmas sobre la integridad de los futuros impartidores de justicia.
La falta de filtros robustos en la selección de los miles de candidatos, sumada a la improvisación del proceso, agrava esta vulnerabilidad.
La infiltración del crimen organizado podría significar la anulación del último "dique de contención” contra sus abusos, consolidando regímenes criminales y elevando los ya alarmantes niveles de impunidad en el país.
¿Un “Golpe de Estado” a la Ciudadanía?
La retórica de que estas elecciones constituyen un “fraude” o un “golpe de estado a la ciudadanía” no se refiere a una manipulación directa de los votos, sino a las profundas implicaciones para el sistema democrático y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial.
Los argumentos que sustentan esta visión son contundentes:
* Destrucción de la carrera judicial: La reforma se percibe como un desmantelamiento de un sistema de carrera judicial basado en el mérito, construido con esfuerzo a lo largo de décadas. La pérdida de jueces especializados y experimentados en favor de perfiles políticos podría deteriorar la calidad de la justicia.
Voto a ciegas
La falta de información clara sobre los perfiles de los 7700 aspirantes y candidatos a los 881 cargos federales y 1,800 locales en 19 entidades, dificultan que la ciudadanía emita un voto informado.
El electorado no los conoce. No saben por quien votarán, dejando la elección a la popularidad o a las influencias externas, más que a las competencias jurídicas.
El Observatorio Electoral Judicial y otras organizaciones han señalado errores en las boletas, restricciones a las campañas y un corto período para que los candidatos se dieran a conocer.
Existe el riesgo de una participación ciudadana muy baja, lo que restaría legitimidad a los jueces electos y, por ende, a sus decisiones futuras.
Para muchos, esta reforma debilita la división de poderes, un pilar fundamental de la democracia. Se ve como un paso hacia la concentración de poder y una erosión de los contrapesos, que podría tener consecuencias nefastas para el futuro del Estado de derecho en México.
El Gobierno Federal en el Ojo del Huracán
La presidenta Claudia Sheinbaum, al proponer y respaldar activamente esta reforma, ha colocado al Gobierno Federal en una posición de gran compromiso con un cambio radical en la estructura del Poder Judicial.
Esta iniciativa es vista como una pieza clave para consolidar la agenda de la “Cuarta Transformación” y lograr un mayor control político.
Sin embargo, esta postura también le confiere al gobierno una enorme responsabilidad política.
Si la reforma no logra mejorar la justicia y, por el contrario, genera una mayor politización, corrupción o ineficacia, la legitimidad y el capital político de la administración Sheinbaum podrían verse seriamente afectados.
Además, la reforma ha generado preocupación a nivel internacional, entre gobiernos e inversionistas, quienes observan con atención la independencia judicial como garantía de seguridad jurídica.
El gobierno federal podría enfrentar presiones y cuestionamientos en sus relaciones bilaterales y comerciales, afectando la confianza en el clima de inversión en México.
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