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31/08/ 2025 |
El auge de la detención de migrantes
bajo Trump:
negocio millonario

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Ya me gritaron mil veces
Que me regrese a mi tierra
Porque aquí no quepo yo
Quiero recordarle al gringo
Yo no crucé la frontera
La frontera
me cruzó
América nació libre
El hombre la dividió
Los Tigres del Norte |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha impulsado recortes en empleos y fondos federales, pero una industria crece exponencialmente: la detención de migrantes indocumentados.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental reporta ahorros de 202 mil millones de dólares, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió 45 mil millones para expandir su capacidad de detención.
Las empresas privadas de prisiones, como Geo Group y CoreCivic, son clave en este auge. Ambas financiaron la campaña de Trump en 2024 con 2.7 millones de dólares y donaron sumas significativas para su toma de posesión.
Tras la victoria republicana, las acciones de CoreCivic subieron de 13.63 a 22.13 dólares en una semana, y las de Geo Group, de 15.13 a 25.05.
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), 86 por ciento de los migrantes detenidos están en cárceles privadas.
Actualmente, más de 60 mil personas están en centros de ICE, 54 por ciento más que durante el gobierno de Joe Biden, cuando el promedio era de 39 mil.
Los 20 mayores centros de ICE son operados por empresas privadas, con Geo Group y CoreCivic.
La segunda gestiona el centro correccional del condado de Adams en Misisipi, con más de 2 mil 100 detenidos diarios, y el nuevo centro en Fort Bliss podría albergar hasta 5 mil.
La derogación de la prohibición de Biden a contratos con prisiones privadas permitió a estas empresas recuperar terreno. Sin embargo, solo el 6 por ciento de los estadounidenses apoya que los centros de ICE sean privados, según una encuesta de Prolific para The Independent.
Organizaciones como Detention Watch Network critican que estas empresas lucren con políticas migratorias punitivas.En 2025, Geo Group reportó ingresos de 636.2 millones de dólares y CoreCivic, 538.2 millones, un 9.8 por ciento más que el año anterior.
ICE ha otorgado contratos sin licitación, citando una “emergencia nacional” en la frontera. Ejemplo de ello es la reapertura de una cárcel en Leavenworth, operada por CoreCivic, con mil 33 camas.
ICE planea duplicar su capacidad a 107 mil plazas para 2026, con más de mil millones de dólares anuales en contratos para Geo Group y CoreCivic.
Este crecimiento genera controversia. En Baldwin, Míchigan, la reapertura de un centro de Geo Group con mil 800 camas desató protestas.
En Mason, Tennessee, la comunidad se opuso a un contrato de CoreCivic. Además, el FBI investiga la Cibola Correctional Facility en Nuevo México por muertes bajo custodia, y un tribunal en Washington endureció la supervisión de un centro de Geo Group en Tacoma por malas condiciones.
Empresas como Palantir Technologies también se benefician, con ingresos de 1,000 millones de dólares en 2025 por contratos de vigilancia con ICE.
Activistas denuncian que estas políticas desvían recursos de hospitales y escuelas.
El gobierno impulsa deportaciones masivas, prometidas en la campaña de 2024, lo que representa una bonanza para las empresas penitenciarias privadas, pero un desafío para las agencias responsables de las expulsiones. Críticos señalan que se busca aislar a los detenidos, alejándolos de sus abogados y sistemas de apoyo.
El director interino de ICE, Todd Lyons, dijo en una conferencia en Phoenix que la agencia debe “tratar esto como un negocio” y comparó el sistema de deportaciones con “Amazon, entregando su producto en 24 horas”.
Este mes, ICE invitó a empresas a presentar ofertas por 45,000 millones de dólares para operar centros de detención, buscando aumentar de 41,000 a 100,000 camas.
La Cámara de Representantes aprobó 175,000 millones de dólares para reforzar la aplicación de leyes migratorias, 22 veces el presupuesto anual de ICE.
Actualmente, los más de 100 centros de detención albergan a 46,000 personas, causando hacinamiento en lugares como Miami.Deployed Resources LLC recibió un contrato de 3,850 millones de dólares para operar un campamento en Fort Bliss, Texas. Geo Group obtuvo contratos por 1,000 millones para 1,000 camas en Newark, Nueva Jersey, y 1,800 en Baldwin, Míchigan. CoreCivic ganó un contrato para 2,400 personas en Dilley, Texas.
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27/08/ 2025 |
Venezuela en la mira
de Trump: ¿una nueva Irak?

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“Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras férreas garras.”
Rubén Darío |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La historia reciente demuestra que Estados Unidos no busca aliados, sino subordinados o enemigos. Desde las intervenciones en Libia, Afganistán e Irak hasta las injerencias en América Latina, como el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala (1954) o Salvador Allende en Chile (1973), Washington ha mostrado un mismo patrón de acción.
Ahora, Venezuela parece ser el próximo objetivo de su agenda intervencionista. Estados Unidos justificó la invasión de Irak con la falsa acusación de armas de destrucción masiva, lo que derivó en la devastación del país y el saqueo de sus recursos petroleros.
Hoy, Washington señala a Venezuela como un centro de narcotráfico, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el supuesto “Cartel de los Soles”. Este argumento parece un pretexto para una nueva ofensiva.
Bajo el liderazgo de Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio a la cabeza, el gobierno republicana busca desestabilizar a Maduro. La estrategia incluye asfixiar los supuestos negocios ilegales que sostienen la lealtad del ejército y las fuerzas de seguridad venezolanas. Como parte de esta ofensiva, Estados Unidos desplegó un escuadrón anfibio al Caribe a finales de agosto de 2025, con buques como el USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale, que transportan 4,500 efectivos, incluidos 2,200 marines, además de destructores, submarinos nucleares y aviones P8 Poseidon.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el despliegue busca “frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia”, calificando al gobierno de Maduro como un “cartel del narcoterror”.
También reiteró la recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano. Analistas sugieren que estas acciones también responden a intereses electorales de Trump para proyectar firmeza ante su base.
Francia, por su parte, anunció el despliegue de recursos en su isla Guadalupe, en el Caribe, para combatir el narcotráfico, en respuesta a la clasificación del Cartel de los Soles como grupo terrorista.
El ministro de los Territorios de Ultramar, Manuel Valls, detalló la incorporación de 13 investigadores a la Oficina Antiestupefacientes, un laboratorio balístico, brigadas náuticas, drones y patrullas para vigilar los 700 kilómetros de costa de la isla. Estas medidas, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau, buscan contrarrestar la violencia asociada al tráfico de drogas.
Estados Unidos, junto a Ecuador y Paraguay, acusa al Cartel de los Soles de ser una estructura delictiva transnacional vinculada al narcotráfico, lavado de activos y violencia regional.
Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que “el Cartel de los Soles no existe” y lo calificó como una “excusa ficticia” de la extrema derecha para derrocar gobiernos.
Según Petro, el tráfico de cocaína colombiana por Venezuela es controlado por una “Junta del Narcotráfico” con capos en Europa y Oriente Medio, liderada por el Clan del Golfo y disidencias de las FARC.
Propuso a Estados Unidos y Venezuela coordinar esfuerzos para desmantelar esta red, abogando por una solución dialogada y democrática al conflicto venezolano.
En respuesta, Maduro movilizó a la Milicia Bolivariana, reforzando su narrativa de “asedio imperialista”. Esta escalada intensifica una pugna diplomática de décadas y fortalece la cohesión interna del chavismo.
Los verdaderos intereses de Estados Unidos parecen centrarse en los recursos venezolanos: el país posee las mayores reservas de petróleo del mundo (303,806 millones de barriles certificados en 2021, con un aumento del 30% en 2025) y vastos yacimientos de oro, coltán y tierras raras en el Arco Minero del Orinoco.
La historia de intervenciones estadounidenses en la región, desde Nicaragua (1909-1912) hasta los golpes del siglo XX, sugiere un patrón. ¿Es Venezuela el próximo capítulo? La respuesta dependerá de la resistencia de Maduro y de la capacidad de la comunidad internacional para evitar una escalada. Por ahora, el Caribe es un tablero de tensiones geopolíticas, con el pueblo venezolano en el centro de la tormenta.
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17/08/ 2025 |
Cumbres en la cuerda floja:
Trump y Putin
se miden en Alaska

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“Dejad que se esfumen vuestros sueños
de que con vosotros se hará una excepción.
Lo que os dijeron vuestras madres
no era vinculante.”
—Bertolt Brecht |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron el 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, según confirmaron la Casa Blanca y el Kremlin.
La cumbre, impulsada por un ultimátum de Trump a Putin para un alto el fuego en Ucrania, busca abordar el conflicto iniciado por Rusia en 2022 para frenar el avance de la OTAN.
El encuentro, el primero entre ambos líderes desde la invasión rusa a Ucrania, se celebrará en un enclave estratégico estadounidense, elegido por su alta seguridad, según un funcionario de la administración Trump citado por The Washington Post.
Alaska, territorio ruso hasta 1867, añade un simbolismo histórico a la cita.
La guerra en Ucrania ha dejado un saldo catastrófico. Según ACNUR, más de 10 millones de personas han sido desplazadas: 3.7 millones dentro del país y 6.9 millones en el extranjero, principalmente en Rusia, Alemania y Polonia.
Al menos 2 millones de hogares, el 10% del parque habitacional ucraniano, han sido destruidos.
La ONU reporta 12,654 civiles fallecidos, aunque estima un número mucho mayor en zonas ocupadas por Rusia.
Las bajas totales, entre soldados y civiles, superan las 150,000, con cifras probablemente mayores debido a la dificultad de verificación.
Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea (anexada en 2014) y partes de Donetsk y Lugansk. La línea de frente, de 965 km, apenas ha variado desde finales de 2022, salvo por 518 km² recuperados por Ucrania en Kursk.
El costo militar ruso es colosal: entre 200 y 300 millones de dólares diarios, con misiles Kalibr (1.5-2.5 millones cada uno) y tanques T-90 (4.5 millones).
Las sanciones occidentales, como la exclusión de bancos del sistema SWIFT y la congelación de activos, han reducido el PIB ruso un 2.2% en 2022, según el FMI, y han cortado 160,000 millones en ingresos energéticos.
Ucrania, por su parte, ha recurrido a combatientes extranjeros. Dmitri Medvédev acusó a Kiev de reclutar sicarios de cárteles mexicanos como el CJNG, entrenados en drones por una empresa colombiana.
Zelenski, en respuesta, denunció la presencia de mercenarios chinos, paquistaníes y africanos luchando por Rusia, además de presuntos suministros de armas desde China, algo que Beijing niega.
La cumbre llega tras la reelección de Trump, quien expresó frustración por los bombardeos rusos en Kiev, pero mantuvo abierta la vía del diálogo.
La visita de Steve Witkoff al Kremlin el 6 de agosto allanó el camino para el encuentro. Ucrania no estará representada, ya que ni Washington ni Moscú prevén la participación de Zelenski.
El ultimátum de Trump, reducido de 50 a 10 días, refleja su urgencia por resultados.
Las cumbres entre líderes estadounidenses y rusos han marcado hitos diplomáticos. En 1992, George Bush (padre) y Boris Yeltsin acordaron reducir arsenales nucleares; en 2002, George W Bush (hijo) y Putin firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.
Sin embargo, la reunión Joe Biden-Putin de 2021 no logró avances, y la cumbre Trump-Putin de Helsinki en 2018 generó controversia por la postura de Trump ante la interferencia electoral rusa.
Un momento crítico
Con bajas expectativas, la cumbre en Alaska se perfila como un punto de inflexión potencial. La presión económica y militar sobre Rusia, sumada a la ambición de Trump por un logro diplomático, podría abrir una ventana para negociar.
Sin embargo, la ausencia de Ucrania y la postura inflexible de Putin complican un acuerdo. El mundo observa si este encuentro será un paso hacia la paz o un nuevo capítulo en la tensa relación entre ambas potencias.
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10/08/ 2025 |
Europa de rodillas
ante Trump

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“Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro: convencido de que no tiene sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales; seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un definitivo presente”
José Ortega y Gasset
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Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La Unión Europea (UE), surgida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para fomentar la cooperación y prevenir conflictos, enfrenta una crisis que amenaza su cohesión.
Fundada en 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, la UE evolucionó con los Tratados de Roma de 1957, que crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y Euratom.
En 1993, la CEE se transformó en la UE, ampliando su alcance a políticas económicas, sociales y políticas, buscando una tercera vía entre el socialismo soviético y el capitalismo estadounidense.
Hoy, la UE parece haber perdido su rumbo. Su apoyo a la guerra en Ucrania, el despliegue de tropas de la OTAN cerca de Rusia y el aumento de tensiones geopolíticas la han debilitado.
Además, un reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha generado críticas por someter a los 26 países miembros (tras el Brexit en el Reino Unido) a los intereses de Washington, alineándose con la agenda de “hacer a América grande otra vez”.
El 27 de julio de 2025, Trump anunció desde Turnberry, Escocia, un pacto con la UE tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El acuerdo impone aranceles del 15% a exportaciones europeas y compromete a la UE a comprar 750,000 millones de dólares en energía y a invertir 600,000 millones en Estados Unidos.
Von der Leyen lo calificó como “enorme” y un garante de “estabilidad y previsibilidad” para ambas economías. Sin embargo, el pacto requiere la ratificación de los 26 países miembros, cuyos intereses y dependencias comerciales varían, evidenciando divisiones internas.
Mientras algunos países aceptan el acuerdo con cautela, otros lo critican duramente. El primer ministro francés, François Bayrou, lo calificó como “un día oscuro” para una alianza de pueblos libres. El premier húngaro, Viktor Orbán, fue más contundente: “Trump se desayunó a Von der Leyen”.
Estas divisiones se suman a las tensiones por la guerra en Ucrania y otras crisis que debilitan al bloque.
Un reciente episodio en Finlandia expuso estas fracturas. Durante una visita oficial, un manifestante confrontó a Von der Leyen por las políticas de la UE.
Su respuesta, “Agradezca estar en un país de la UE, porque en Rusia lo encarcelarían por protestar”, seguida del arresto del manifestante, desató controversia.
El incidente, viral en redes, fue criticado por trivializar el derecho a la protesta y contradecir los principios de libertad de expresión que la UE defiende.
“Hablar de represión en Rusia mientras se detiene a un manifestante en una democracia como Finlandia es contradictorio”, señaló un analista a un diario europeo.
Las protestas ciudadanas crecen, alimentadas por el descontento con las políticas económicas, la gestión energética y la intervención de la UE en asuntos nacionales. La figura de Von der Leyen, cada vez más polarizante, está en el centro del debate sobre el liderazgo europeo y su capacidad para mantener la unidad en un contexto de crisis.
Un futuro incierto
El acuerdo con Estados Unidos y el incidente en Finlandia reflejan el delicado momento de la UE. Las decisiones de sus líderes, las tensiones internas y externas, y la dificultad para conciliar derechos civiles con estabilidad política plantean dudas sobre el futuro del bloque. La UE, creada para unir a los pueblos europeos, debe recuperar su identidad en un mundo polarizado o arriesgarse a su desintegración.
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04/08/ 2025 |
Bukele y Trump: una alianza que consolida el autoritarismo en El Salvador

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No olvides nunca
que los menos fascistas
de entre los fascistas
también son
fascistas.
Roque Dalton |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019, ha consolidado un régimen autoritario, pasando de ser un líder carismático a un gobernante acusado de reprimir voces disidentes. Aunque sus maniobras legales para mantenerse en el poder no generan rechazo en Estados Unidos —a diferencia de lo que ocurre con los procesos electorales en Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua—, Bukele goza de buena imagen en la Casa Blanca, lo que sugiere su intención de perpetuarse en el poder.
Su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fortalecida tras la reelección de este en 2025, refuerza esta deriva autoritaria. La popularidad de Bukele, que alcanza el 85.2% según encuestas, se sustenta en la reducción de la violencia, aunque a costa de la democracia.
Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, hijo de un empresario palestino y una salvadoreña, Bukele abandonó sus estudios de derecho para trabajar en la agencia publicitaria de su familia, vinculada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de San Salvador (2015-2018), hasta que el FMLN lo expulsó en 2017.
En 2019, llegó al poder conectando con jóvenes y ciudadanos desencantados. Casado con Gabriela Rodríguez desde 2014, tiene dos hijas y confía en sus hermanos y excompañeros escolares para su círculo cercano.
El 1 de agosto de 2025, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, con mayoría en la Asamblea Legislativa, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, elimina la segunda vuelta electoral y extiende el mandato presidencial a seis años. Una disposición transitoria acorta su actual periodo (2024-2027) para que pueda postularse nuevamente.
Esta reforma, que entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, sigue a una reinterpretación constitucional que permitió su reelección en 2024.
El vicepresidente Félix Ulloa afirmó: “En política, todo es posible”.
Desde marzo de 2025, Estados Unidos ha deportado a 271 migrantes salvadoreños y venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión destinada a presuntos pandilleros.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que entre ellos hay inocentes, como Kilmar Ábrego García, expulsado por un “error administrativo”.
Ni Bukele ni Trump han acatado la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos para liberarlo.
En un reciente mensaje en X, Bukele defendió la reforma: “El 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida y nadie se inmuta. Pero si un país pobre como El Salvador lo hace, es el fin de la democracia”. Cuestionó las críticas, afirmando que el problema no es el sistema, sino que “un país pobre se atreva a actuar como soberano”.
Pese a su alta aprobación, el régimen de excepción vigente desde 2022, que ha reducido la violencia, enfrenta acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Abogados como Ruth López y Enrique Anaya están presos por cargos cuestionados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la persecución de defensores de derechos.
Más de cien activistas y periodistas, como Ingrid Escobar y Óscar Martínez, han huido al exilio. Medios como El Faro y Revista Factum denuncian un clima de “represión” y califican el régimen como una “dictadura” por medidas como la Ley de Agentes Extranjeros, que grava con un 30% la financiación externa de ONG y medios.
La concentración de poder, justificada por logros en seguridad, amenaza con agravar la pobreza y generar conflictos sociales en El Salvador.
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04/08/ 2025 |
La justicia es una tortuga
que se alimenta con dinero

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El hombre tiene hambre,
hambre de ley natural
ante tanta ley sin ley,
de justicia social,
necesidad de vuelo,
ansiedad de verdad,
frente a tantas
necias necedades.
Víctor Corcoba Herrero |
Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional
La sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez marca un hito en Colombia, un país cuya historia cambió tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ese día, el líder liberal, cuya popularidad desató un fervor único en el siglo XX, fue ultimado en Bogotá, desencadenando el llamado “Bogotazo”, una revuelta que se extendió por el país y dio origen a un periodo de violencia que gestó guerrillas y marcó décadas de inseguridad.
Aquel viernes, Gaitán, un exitoso abogado, celebraba un triunfo jurídico. Al salir a la Carrera Séptima, cerca de la Avenida Jiménez, recibió cuatro disparos. “¡Mataron a Gaitán!”, se gritó, y el país se incendió. El crimen, según hipótesis, pudo ser obra de oligarquías, jerarcas políticos, intereses petroleros o incluso del gobierno estadounidense, temeroso de nacionalizaciones si Gaitán llegaba al poder.
Su muerte dejó un saldo trágico: más de 260,000 muertos, miles de desaparecidos y casi siete millones de desplazados en un conflicto que aún resuena.
Uribe, quien forma parte de la ultraderecha colombiana, no ha sido condenado por los peores crímenes que se le atribuyen, como sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, la secuela de asesinatos por estas bandas, los falsos positivos —jóvenes presentados como guerrilleros asesinados en combate durante su política de Seguridad Democrática—, las masacres de El Aro y La Granja, y una estela de centenares de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.
Las Madres de Soacha aún piden justicia por sus hijos asesinados durante el gobierno de Uribe.
El fallo contra Uribe, emitido el 1 de agosto de 2025 por la jueza Sandra Heredia, lo halló culpable de soborno a testigos y fraude procesal.
La magistrada le impuso prisión domiciliaria, una multa de 776 mil dólares y una inhabilitación de ocho años para cargos públicos. Uribe, presidente entre 2002 y 2010, apeló el fallo, calificándolo de “persecución política” y alegando sesgo judicial.
La jueza argumentó que Uribe manipuló a exparamilitares con dinero o beneficios para que declararan a su favor, aunque lo absolvió de un caso de soborno a una exfiscal.
El caso comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares.
La Corte Suprema cerró la investigación contra Cepeda y abrió una contra Uribe por manipulación de testigos. En 2020, El exmandatario estuvo dos meses en arresto domiciliario, pero recuperó la libertad al renunciar al Senado, pasando el caso a la fiscalía.
Entre los testigos clave está Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que acusó a Uribe de planear matanzas en una hacienda familiar, aunque luego se retractó, alegando presiones del abogado de Uribe, Diego Cadena.Uribe, líder del Centro Democrático, despierta admiración y rechazo.
El presidente Gustavo Petro negó que el gobierno esté detrás de la condena, señalando que Uribe inició el proceso al denunciar a Cepeda.
Con casi 60 investigaciones abiertas contra él, Uribe enfrenta acusaciones que van desde homicidio hasta compra de votos. Su legado incluye una ofensiva contra las FARC, una reelección inédita y la victoria del “No” en el plebiscito por la paz de 2016.
Sin embargo, su condena marca un precedente: es la primera vez que un expresidente colombiano es sentenciado por la justicia ordinaria.
El fallo, que será revisado en segunda instancia, genera debate global. La congresista estadounidense María Elvira Salazar lo calificó como una persecución del gobierno de Petro.
Mientras, Colombia sigue buscando la justicia que Gaitán soñó, en un país donde la paz sigue siendo esquiva.
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