La caída de Dilma

“Vivo donde el mapa se rinde y el asfalto se convierte en barro. El sol nace cuadrado aquí porque tiene que caber por la ventana chica,

pero bailamos tan fuerte
que el mundo vuelve a ser redondo
y la noche se abre como flor de cemento
para que los sueños salgan a respirar”

Milho Montenegro

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

Los países de América Latina responden a las demandas de sus pueblos y a la disputa histórica que estos mantienen con las oligarquías criollas y sus aliados externos, decididos a perpetuar privilegios a costa de la miseria popular y la depredación ambiental.

La política, en su esencia, debe perseguir una mejor distribución de la riqueza y garantizar al pueblo un paraguas de derechos sociales desde la cuna hasta la tumba. Ese objetivo, sin embargo, genera tensiones colosales y activa los llamados “golpes blandos” destinados a derrumbarlo todo. Hoy lo vemos en México con la presidenta Claudia Sheinbaum; ayer lo vivimos en Brasil con la operación que apartó del poder a Dilma Rousseff.

Claudia Sheinbaum y Dilma Rousseff hicieron historia al convertirse en las primeras mujeres en presidir las dos mayores economías de América Latina —México y Brasil—, pero sus trayectorias comparten algo más que ese hito: ambas capitalizaron la enorme popularidad de sus antecesores y los programas sociales que estos impulsaron para llegar al poder y presentarse como presidentas de la continuidad.

Dilma Rousseff (2011-2016) prometió al asumir que su “lucha más obstinada” sería erradicar la pobreza extrema y crear oportunidades para todos, dando continuidad a la obra de Luiz Inácio Lula da Silva.

Prisionera política durante la dictadura, guerrillera torturada en los setenta, ministra de Minas y Energía y luego jefa de gabinete de Lula, Rousseff hizo campaña literalmente de su mano. El 1 de enero de 2011, en su primer discurso, elogió a Lula como “un presidente que cambió la forma de gobernar y devolvió al pueblo brasileño la confianza en sí mismo y en el futuro del país”.

Claudia Sheinbaum, por su parte, afirmó en su toma de posesión del 1 de octubre de 2024 que profundizará los programas sociales creados por Andrés Manuel López Obrador y añadirá tres nuevos: apoyo a mujeres en situación de violencia, becas para estudiantes de educación básica y una pensión universal para adultos mayores.

Militante fundadora de Morena, secretaria de Medio Ambiente cuando AMLO fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y titular de la Secretaría de Defensa del Patrimonio Nacional en el “gobierno legítimo” de 2006, Sheinbaum calificó a López Obrador como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna de México”, lo comparó con Lázaro Cárdenas y aseguró que “estará siempre en el corazón del pueblo”.

Ambas mandatarias dedicaron parte importante de sus discursos a celebrar el significado de que una mujer alcanzara la presidencia.

Rousseff habló de su “compromiso supremo” de “honrar a las mujeres, proteger a los más vulnerables y gobernar para todos”.

Sheinbaum sentenció: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”.

El final de Rousseff, sin embargo, fue abrupto. El 31 de agosto de 2016, tras ocho meses y diecisiete días de proceso, el Senado la destituyó por 61 votos contra 20. Los cargos: “pedaladas fiscales” —maniobras contables con bancos públicos para ocultar el déficit— y decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso, violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El contexto fue decisivo. La Operación Lava Jato había destapado la mayor red de corrupción de la historia brasileña en Petrobras, que afectaba al PT y a casi toda la clase política. La economía se hundía (−3,8 % en 2015 y −3,6 % en 2016), el desempleo crecía y Rousseff había perdido apoyo popular y parlamentario.

El PMDB de Michel Temer y Eduardo Cunha rompió la coalición y lideró el impeachment. Para la izquierda fue un “golpe parlamentario-midiático”; para la centro-derecha, un proceso legítimo.

En 2022 el Tribunal de Cuentas de la Unión archivó el caso al concluir que no hubo dolo ni perjuicio fiscal, reforzando la narrativa petista.

Rodeada de seguidores y con Lula a su lado, la ya expresidenta se despidió: “En este momento no diré adiós; estoy segura de que puedo decir hasta pronto”.

Así terminó el mandato de la primera mujer que presidió Brasil: guerrillera, ministra estrella, sucesora elegida y luego derrocada. El poder pasó a Michel Temer, quien ya ejercía interinamente desde mayo.

Nueve años después, aquel episodio sigue siendo la gran fractura de la política brasileña. Y hoy, en México, muchos miran hacia el futuro de Claudia Sheinbaum con la misma pregunta: ¿logrará consolidar la continuidad sin despertar los mismos fantasmas golpistas?

Tres escenarios de los ultras

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

La ultraderecha en América golpea y se moviliza, ya sea por la vía electoral o mediante el accionar de grupos de choque. Su discurso incendiario enarbola la bandera de la lucha contra el comunismo con el fin de tomar el poder. Su ideario se inspira en gobiernos extremistas como el de Donald Trump en Estados Unidos, el de Nayib Bukele en El Salvador —donde miles de jóvenes languidecen en cárceles—, Daniel Noboa en Ecuador —que enfrenta al narcotráfico a balazos— y Javier Milei en Argentina, quien entrega los recursos del país al mercado.

La manifestación violenta del sábado 14 de noviembre en la Ciudad de México —que intentó ingresar a Palacio Nacional, sede del gobierno, para propinar un golpe de Estado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— es un ejemplo paradigmático.

Algo similar ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del presidente Donald Trump tomaron de manera violenta el Congreso de Estados Unidos, negándose a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden.
En Brasil, el 8 de enero de 2023 —una semana después de la posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva—, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, con el objetivo de revertir la derrota de Jair Bolsonaro.

Estas movilizaciones no son golpes de Estado clásicos, como el del 11 de septiembre de 1973 en Chile, cuando las tropas del general Augusto Pinochet derrocaron y asesinaron al presidente democráticamente elegido, Salvador Allende.

Más bien, se trata de intentos híbridos: azuzan a la población con mensajes de odio, distorsionan la realidad con mentiras y buscan desestabilizar el país para truncar los cambios en los gobiernos. Ya lo vimos en Perú.
Los escenarios

En México, se organizó la marcha de la "generación Z" —jóvenes de 13 a 18 años— imitando la revuelta que derrocó al gobierno en Nepal. Aunque México nada tiene que ver con ese país, partidos como el PRI, el PAN y los remanentes del PRD promovieron la movilización. Sorprendentemente, los jóvenes convocados no aparecieron en masa, pero el evento derivó en un intento de ingreso violento a Palacio Nacional. Portaban como bandera la inseguridad rampante en el país y el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, a manos de un joven que fue abatido por los guardaespaldas del político tras ser detenido.

Al menos 120 personas resultaron heridas y 40 fueron detenidas en los violentos enfrentamientos a las puertas de Palacio Nacional, entre policías e integrantes del llamado "bloque negro" al final de la marcha. El jefe de la policía capitalina informó que 60 oficiales sufrieron heridas menores y que 40 fueron trasladados a un hospital, 36 de ellos por contusiones.

La violencia es una herencia del pasado, pero los avances registrados no han permeado aún en la sociedad, avasallada por notas rojas que, en la mayoría de los casos, no se cotejan ni se resuelven con la detención de los responsables.

En este marco, la postura de Estados Unidos ha avivado las posiciones de odio contra el gobierno mexicano, al afirmar que ciertos sectores del país están controlados por grupos del narcotráfico.

En Estados Unidos

Mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, una multitud enfurecida de seguidores de Donald Trump irrumpió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, sede del poder legislativo de Estados Unidos.

Lo que comenzó como una marcha "pacífica" en el National Mall —instigada por el entonces presidente con frases como "luchen como demonios" y "entrarán en el Capitolio"— derivó en un caos violento que conmocionó al mundo.

Alrededor de las 13:00 horas, miles de manifestantes, muchos armados con banderas confederadas, bates y sprays, rompieron las barreras policiales. Escenas dantescas: vándalos escalando muros, destrozando ventanas y profanando el Salón Oval.

Parlamentarios, incluido el vicepresidente Mike Pence, fueron evacuados en pánico. Ashli Babbitt, una seguidora de Trump, fue abatida por un agente; cinco personas murieron ese día, entre ellas un oficial de la policía del Capitolio apuñalado.

El objetivo: bloquear la ratificación de los votos electorales y revertir el triunfo de Biden, basado en falsas acusaciones de fraude.

Trump tardó horas en condenar la violencia, tuitando que sus partidarios eran "geniales".

El Congreso reanudó la sesión pasada la medianoche, certificando a Biden con 306 votos electorales. Las secuelas fueron profundas. Más de 1.400 arrestos hasta la fecha, con condenas por sedición y asalto. Trump fue imputado por incitación a la insurrección, aunque evitó el juicio en el Senado.

Surgió una comisión investigadora que expuso nexos con milicias extremistas.

Cuatro años después, en 2025, con Trump reelecto, la polarización persiste. Sus promesas de "impunidad" para los implicados avivan temores de repetición. El asalto no fue un aislado: simbolizó el asedio al corazón democrático de la nación más poderosa del mundo, un recordatorio de cómo la retórica incendiaria puede fracturar instituciones. ¿Lección aprendida o preludio de más turbulencias?

La historia, aún fresca, urge vigilancia.

Otra intentona

En Brasil, el 8 de enero de 2023 —una semana después de la posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente—, miles de seguidores de Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio de Justicia (sede del Supremo Tribunal Federal) y el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo). Inspirados en el asalto al Capitolio de EU, los extremistas derechistas —muchos acampados en las afueras de la capital desde diciembre— buscaban revertir el resultado electoral de 2022, que Lula ganó por estrecho margen.

El caos estalló alrededor de las 15:00 horas. Con banderas brasileñas, crucifijos y consignas como "¡Intervención militar ya!", la turba rompió vallas policiales, escaló muros y forzó puertas. Imágenes impactantes mostraron vándalos profanando salones históricos: destrozaron obras de arte, muebles y vidrieras en el Congreso; saquearon oficinas en el Supremo, incluyendo el despacho del presidente Alexandre de Moraes; y profanaron el Planalto, pisoteando retratos de presidentes. No hubo muertes directas, pero el saldo fue de 1.500 detenidos iniciales, heridos y pánico generalizado.

Lula, desde São Paulo, condenó el "intento de golpe" y acusó a Bolsonaro —exiliado en Florida— de incitación vía redes y aliados.

La respuesta fue tardía: la policía del Distrito Federal, bajo un gobernador bolsonarista, fue superada; el Ejército intervino horas después. Bolsonaro tardó en repudiarlo, tildándolo de "inaceptable" solo al anochecer.

Dos años después, en 2025, las secuelas persisten. Más de 370 condenados por sedición y asociación criminal, con penas de hasta 17 años; 60 fugitivos, incluyendo en EU, con pedidos de extradición.

Daños estimados en 30 millones de reales (unos 5,5 millones de dólares), que Bolsonaro y aliados acordaron cubrir parcialmente en septiembre.

El expresidente enfrenta cargos por "abuso de poder" e "incitación", con riesgo de inhabilitación perpetua. En enero, se conmemoró el aniversario como "ataque a la democracia", con marchas pro-Lula y alertas sobre resurgimiento extremista ante elecciones municipales.

El 8J no fue espontáneo: meses de conspiración, fake news y retórica golpista lo gestaron. Simboliza la fractura de Brasil, entre bolsonarismo radical y defensores institucionales.

Venezuela en la mira

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

La llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford al mar Caribe, tras una travesía de 12 días desde el Mediterráneo —donde apoyó el genocidio de Israel en Gaza y vigiló amenazas de Irán y los hutíes de Yemen—, ha intensificado las alertas sobre un posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela, disfrazado como operación contra un "narcoestado".

El 13 de noviembre, se publicaron las primeras imágenes del buque, escoltado por un bombardero B-52 Stratofortress, cazas F/A-18 Super Hornet y una flota de destructores, en maniobras conjuntas en el Atlántico.
Según una descripción citada por NTN24, “el USS  Gerald R. Ford (CVN-78), los F/A-18E/F Super Hornets […] y un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos operan como una fuerza conjunta multidominio”.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones del Departamento de Defensa y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, añade el comunicado oficial.

Estas imágenes coinciden con el anuncio del Gobierno de Donald Trump sobre la operación “Southern Spear” (Lanza del Sur), una estrategia militar contra el narcotráfico en Latinoamérica. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, precisó que la iniciativa “estará liderada por un grupo de trabajo conjunto y el Comando Sur”, responsable de las operaciones en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hegseth enfatizó: “El presidente Donald Trump ordenó actuar, y el Departamento de Defensa está cumpliendo”.

La misión, dijo, es buscar “defender nuestra patria, expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y proteger a nuestra gente”.

Añadió: “El hemisferio occidental es el barrio de Estados Unidos, y lo protegeremos”.

Esta muestra de fuerza se produce en medio de la presión creciente de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar el Cartel de los Soles.

Sobre el presidente venezolano pende una recompensa de 25 millones de dólares por información que facilite su captura —no 50, como se ha rumoreado en algunos medios—.

El lanzamiento de “Lanza del Sur” sigue a informes de fuentes militares a CBS News, según los cuales altos mandos presentaron a Trump opciones actualizadas para intervenciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres limitados.

Maduro, por su parte, apeló directamente al pueblo estadounidense para frenar “la mano enloquecida de quien ordena bombardear”. Denuncia el despliegue en el Caribe como una amenaza directa, aunque la Administración Trump lo enmarca en la lucha antinarcóticos.

“Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra, no la guerra”, declaró Maduro en un foro de juristas en Caracas, reunidos contra la presencia militar de EU en la región.

El líder chavista instó a los ciudadanos norteamericanos a “jugar un papel estelar” para evitar “una tragedia para toda América. ¿Queremos otra Gaza en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz”, afirmó.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense ultimar planes para golpear narcotraficantes en suelo venezolano en las próximas semanas, reveló NBC News citando a dos funcionarios anónimos. Otras dos fuentes familiarizadas con el asunto describen operaciones que incluyen bombardeos selectivos contra capos y laboratorios de drogas.

Esta escalada podría materializarse en días, aunque Trump no ha dado luz verde, según las fuentes. Se priorizan ofensivas con drones contra blancos específicos, en un contexto de intensos despliegues en el sur del Caribe desde el verano.

La tensión regional se cruza con turbulencias internas en Estados Unidos. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, alertó sobre el riesgo de que Trump use el conflicto como distracción ante documentos que lo ligan al pederasta Jeffrey Epstein.

“Mi mayor temor es que, con esa divulgación —devastadora para él—, haga todo por desviar la atención”, dijo a The Associated Press en una entrevista el miércoles.

“Podría significar una guerra con Venezuela solo para tapar titulares”, dijo..
Analistas advierten que cualquier incursión en Venezuela podría desestabilizar el hemisferio, avivando alianzas con Rusia y China. Mientras, la comunidad internacional urge diálogo: la ONU y la OEA llaman a desescalar, y Colombia ofrece mediar. La Casa Blanca insiste en que no busca confrontación, pero las imágenes del Gerald R. Ford sugieren lo contrario.

El narcotráfico:
motor económico global y
arma para desestabilizar naciones

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

El narcotráfico representa una pata fundamental de la economía global, generando anualmente unos 320 mil millones de dólares, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Más allá de su dimensión económica, actúa como estrategia política para desestabilizar países, fomentando divisiones internas y guerras que los vuelven vulnerables ante potencias imperialistas.

Estados Unidos ha utilizado las leyes antidrogas durante más de un siglo para realizar ataques selectivos a comunidades marginadas.

En la década de 1870, las prohibiciones al opio apuntaron a migrantes chinos. En las de 1910 y 1920, las contra el cannabis en el Medio Oeste y Suroeste se dirigieron a mexicoamericanos e inmigrantes.

La "Guerra contra las Drogas", declarada por Richard Nixon en 1971, fue diseñada explícitamente para atacar a la población negra y a los hippies, como se ha documentado históricamente.

La epidemia del crack en los años 80, una forma barata y potente de cocaína, devastó comunidades urbanas, especialmente afroamericanas.

Bajo la administración del presidente Ronald Reagan, la respuesta fue punitiva: enmarcada como amenaza a la seguridad nacional, priorizó arrestos masivos, procesamientos y penas largas.

Esto disparó el encarcelamiento de hombres negros, con efectos persistentes en la desigualdad social.

Hoy, el mercado ilegal de drogas en Estados Unidos mueve entre 750 y 200 mil millones de dólares al año, impulsado por la demanda interna y una crisis de opioides sintéticos como el fentanilo.

El lavado de estos fondos ocurre en tres etapas: colocación, diversificación e integración, desafiando a agencias como la DEA y el Departamento del Tesoro.

En América Latina, región clave en la producción de drogas orgánicas y sintéticas, el narcotráfico ha mutado durante medio siglo para evadir controles, extendiendo violencia a comunidades antes ajenas.

Ha segado la juventud, corrompido instituciones y gobiernos, y generado adicciones que azotan a los jóvenes.

Este fenómeno, alentado por centros de poder globales, sostiene economías turbias y perpetúa la inestabilidad regional.

La solución no recae solo en pueblos o gobiernos latinoamericanos. Requiere una política internacional que cierre vías de lavado, potencie salud y educación en naciones ricas y pobres por igual.

Iniciativas como el Plan Colombia (2000), que dejó miles de muertos sin erradicar el problema, o el Plan Mérida en México, que inundó el país de violencia sin resultados, ilustran el fracaso de enfoques unilaterales.

Estados Unidos mantiene hoy unos 10 mil soldados, decenas de aeronaves y buques en el Caribe —el mayor despliegue marítimo desde la Guerra del Golfo (1990-1991)—, presionando a Venezuela, acusada de nexos narco.

Incluye ocho buques de guerra, tres anfibios, un submarino y el portaaviones nuclear Gerald R. Ford.

Operaciones desde septiembre han causado más de 70 muertes y destruido 20 embarcaciones, extendiéndose al Pacífico.

Una iniciativa demócrata en el Senado para limitar estas acciones naufragó la semana pasada (49-51 votos), bloqueada por republicanos.

Venezuela y Colombia rechazan el operativo, que Washington vincula a redes locales.

En esencia, la "lucha contra el narco" es una farsa: las potencias usan el pretexto para desestabilizar y corromper instituciones con dinero sucio, manteniendo a nuestras naciones en jaque perpetuo.

Zohran Mamdani hace historia: Primer alcalde musulmán
y progresista de Nueva York,
en victoria contrael extremismo de Trump

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

El triunfo de Zohran Mamdani en la elección para la alcaldía de Nueva York, el pasado 4 de noviembre, irrumpe como un soplo de aire fresco en un panorama político estadounidense marcado por el autoritarismo del Movimiento MAGA, el Partido Republicano y el presidente Donald Trump. Esta victoria no solo consolida el ascenso de la izquierda progresista, sino que envía un claro mensaje de resistencia ante las políticas extremas que han polarizado al país.

Trump, quien impulsó un intento de golpe de Estado tras su derrota en 2020 ante Joe Biden y fue condenado por 34 delitos graves en 2024, mantiene el gobierno federal paralizado por más de 30 días en un cierre presupuestario que ha suspendido servicios esenciales y avivado la incertidumbre económica.

Además, sus amenazas de intervenciones militares en naciones latinoamericanas, bajo el pretexto de erradicar el narcotráfico, mantienen al mundo en tensión.

En este contexto de crisis, la elección de Mamdani cataliza un llamado al despertar colectivo: Estados Unidos debe abandonar su rol de "matón del barrio", responsable de muerte, destrucción y expolio, para integrarse a un orden multipolar donde las naciones prioricen el bienestar colectivo sobre la hegemonía unilateral.

A sus 34 años, Mamdani se erige como el primer alcalde musulmán de Nueva York, el primero de ascendencia surasiática y el más joven en más de un siglo.

Nacido en Uganda y educado en Estados Unidos, su victoria representa un hito para el ala progresista del Partido Demócrata, que superó al exgobernador Andrew Cuomo —candidato independiente— y al republicano Curtis Sliwa.

En su emotivo discurso de victoria, Mamdani declaró: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, ahora dirigida por uno de ellos". Fue un desafío velado a Trump, quien ha estigmatizado la inmigración como una amenaza existencial.

La contienda registró un récord histórico de participación: más de dos millones de neoyorquinos votaron, la mayor cifra en una elección municipal en más de 50 años, según datos preliminares de la Junta Electoral de la Ciudad. Mamdani ganó con el 50,39 % de los votos, frente al 41,59 % de Cuomo en su candidatura independiente.

Ante una multitud eufórica en su sede de campaña, proclamó: "No soy el candidato perfecto: soy joven, musulmán, socialista democrático y, lo peor de todo, no me disculpo por ello".

Sus palabras, cargadas de autenticidad, resonaron en una era de profunda polarización.

Las propuestas de Mamdani se centran en su agenda de equidad social. Propone un programa universal de cuidado infantil gratuito para niños desde las seis semanas hasta los cinco años, ampliando iniciativas como pre-K y 3-K impulsadas por Bill de Blasio.

Para financiarlo, plantea un impuesto progresivo a residentes con ingresos superiores al millón de dólares anuales y un aumento en la tasa corporativa.
Críticos lo califican de "utópico", pero sus partidarios lo defienden como una medida esencial de justicia distributiva.

Otro eje clave es la gratuidad total en los autobuses urbanos. Mamdani busca eliminar tarifas en toda la red metropolitana, crear carriles exclusivos para descongestionar el tráfico y sostener el plan con los mismos gravámenes fiscales.

"El transporte público no es un lujo, es un derecho", enfatizó durante la campaña, apelando a los millones de neoyorquinos que dependen del metro y los buses para su movilidad diaria.

Adicionalmente, planea inaugurar cinco supermercados municipales subsidiados —uno por borough— para combatir la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables.

Esta iniciativa, la más polémica, ha sido comparada por opositores con políticas de racionamiento soviético, aunque Mamdani la enmarca como una "inversión en equidad nutricional" para contrarrestar la especulación inmobiliaria y la inflación de precios.

No obstante, el nuevo alcalde enfrentará retos significativos. Requerirá el aval de la legislatura estatal y la gobernadora Kathy Hochul, quien apoyó su candidatura pero se opone a las alzas impositivas a los ricos, advirtiendo que "ahuyentarían a los líderes empresariales y vaciarían a Nueva York de inversión".

Mamdani deberá desplegar astucia negociadora en la urbe más diversa del mundo, con 8,8 millones de habitantes y desafíos persistentes como la vivienda asequible, el cambio climático y la desigualdad racial.

La derrota republicana trascendió Nueva York: el Partido de Trump perdió las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia, un revés que expone el desgaste de su liderazgo. En su primera reacción en Truth Social, escrita en mayúsculas, Trump atribuyó el fiasco a su ausencia en las boletas y al cierre gubernamental: "¡Trump no estaba en la papeleta y el shutdown (cierre del gobierno) fueron las dos razones por las que perdimos esta noche!", tuiteó, citando a analistas.

Al día siguiente, en el America Business Forum (ABF) de Miami, Trump intensificó su ofensiva. Enmarcó el escenario en una dicotomía simplista: "Estados Unidos elige entre comunismo y sentido común". Arremetió contra la "izquierda extrema" de Mamdani, acusándola de orquestar una "pesadilla económica" que convertirá al país en "Cuba o Venezuela".

Con sorna, bromeó: "Los demócratas son tan radicales que Miami se convertirá en refugio para quienes huyen del comunismo neoyorquino. ¡Huyen, huyen! ¿De dónde vienes? De Nueva York, pero quiero irme antes de que sea un régimen rojo".

Trump prometió "ocuparnos de ello" ante empresarios del ABF, erigiendo a Florida como bastión contra el "socialismo rampante".

La elección de Mamdani no solo reconfigura el tablero neoyorquino, sino que podría avivar un renacer demócrata a nivel nacional. En un país fracturado —donde encuestas recientes indican que el 40 % aprueba a Trump—, este resultado revela un hambre por liderazgos inclusivos y valientes.

Mientras el cierre del gobierno se prolonga y las tensiones globales escalan, Nueva York se posiciona como faro de esperanza: una metrópolis que elige la equidad sobre el temor.

El reto para Mamdani será transmutar promesas en realidades, probando que el progresismo no es quimera, sino ruta factible hacia un Estados Unidos más equitativo.

Altos cargos de Trump se refugian en bases militares ante ola de violencia política

Por Octaviano Lozano Tinoco
Analista político internacional

El asesinato del activista conservador Charlie  Kirk, el pasado 10 de septiembre,  aliado clave del presidnete Donald Trump, ha intensificado los temores por la escalada de violencia política en Estados Unidos.

Expertos advierten que la polarización extrema, alimentada por redes sociales y divisiones ideológicas, agrava las condiciones para actos extremistas.

Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue clave en la movilización de votantes jóvenes durante la campaña de 2024, contribuyendo a la reelección de Trump.

El crimen, en Salt Lake City, Utah, fue calificado por Trump como un "momento negro para América", culpando a la "izquierda radical".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo tildó de "asesinato político". Figuras bipartidistas condenaron el acto, pero una encuesta de Pew revela que el 62% ve la violencia política como amenaza inminente.

Ante esta zozobra, al menos ocho altos funcionarios del gobierno de Trump se han mudado a bases militares cerca de Washington D.C., citando amenazas a su vida y familias.

Esta medida masiva responde a protestas violentas, doxxing  (acoso con información en internet) y mensajes de muerte, vinculados al asesinato de Kirk.

Reportes de Reuters y AP detallan: Marco Rubio (secretario de Estado) reside en "Generals' Row" de Fort McNair, con vigilancia del Ejército.

Pete Hegseth (de  Guerra) invirtió 137.000 dólares en remodelar su hogar allí. Kristi Noem (Seguridad Nacional) se trasladó a Joint Base Anacostia-Bolling tras doxxing, informó el diario británico The Guardian. Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional, abandonó su casa en Arlington, Texas, por grafitis hostiles, optando por una base secreta.

Dan Driscoll (Ejército) y Tulsi Gabbard (Inteligencia Nacional) comparten Joint Base Myer-Henderson Hall, con Gabbard lidiando con escasez de espacios.

Un funcionario anónimo citó una "amenaza extranjera específica".

La competencia por viviendas —alrededor de 4.655 dólares/mes— es vista por trumpistas como "estatus patriótico", pero por expertos como un síntoma de erosión democrática. Adria Lawrence, de Johns Hopkins, alerta: "Aleja líderes de votantes y normaliza la militarización civil".
El contexto incluye el incendio de la residencia del gobernador Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania,(abril 2025) y tiroteos en Minnesota (junio).

Tricia McLaughlin, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no ha confirmado amenazas dirigidas específicamente a la Casa Blanca.

En cambio, ella ha confirmado la existencia de amenazas "genuinas" y un aumento "sin precedentes" de la violencia y amenazas de muerte contra los agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Críticos como el expresidente Joe Biden cuestionan costos para militares y moral de tropas.

Esta crisis amplifica el debate sobre violencia como epidemia: 50.000 muertes anuales por armas (CDC). Culpar "enfermedad mental" es erróneo; mayoría de autores no la padecen, y estigmatiza a millones tratables (APA). Expertos como Bandy X. Lee proponen regulaciones de armas, salud mental comunitaria y contra odio en línea.

Con midterms acercándose, este refugio militar cuestiona la democracia: ¿puede Estados Unidos romper el ciclo antes de una guerra civil larvada?

Altos cargos de Trump se atrincheran en bases militares: el miedo a la violencia política paraliza WashingtonPor Octaviano Lozano Tinoco“Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano, otro presidente tuvo que dejar el cargo.

La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios: soplan aire con pajitas torcidas”. Charles BukowskiEl brutal asesinato el miércoles del activista conservador Charlie Kirk, fiel aliado de Donald Trump, ha encendido las alarmas sobre la espiral de violencia política que amenaza con desestabilizar Estados Unidos.

Expertos en seguridad nacional alertan de que las condiciones que alimentan estos actos extremistas no solo persisten, sino que se agravan en un clima de polarización extrema, exacerbado por las redes sociales y las divisiones ideológicas.

Kirk, de 31 años, se había convertido en una figura pivotal en la maquinaria republicana. Sus esfuerzos incansables por captar el voto joven durante la campaña de noviembre de 2024 fueron clave en la victoria de Trump para su segundo mandato.

El activista, fundador de Turning Point USA, organizó decenas de mítines en campuses universitarios, donde promovía mensajes contra el "wokeismo" y la "agenda progresista". Poco después del crimen, perpetrado en un acto de aparente venganza política en las calles de Salt Lake City, Utah, Trump irrumpió en Truth Social para denunciarlo como un "momento negro en la historia de América".

En un tuit cargado de acusaciones, el presidente apuntó directamente a la "izquierda radical y sus marionetas en los medios", prometiendo "justicia implacable".El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, no se quedó atrás. En una rueda de prensa improvisada ante el Capitolio estatal, calificó el suceso de "asesinato político puro y duro", urgiendo a una investigación federal exhaustiva.

Voces de todo el espectro ideológico se unieron al repudio: desde la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien lo llamó "una tragedia que nos avergüenza como nación", hasta el senador independiente Bernie Sanders, que instó a "dejar de lado las culpas partidistas para combatir el extremismo".

Sin embargo, estas condenas unánimes contrastan con la fractura profunda que divide al país, donde el 62% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de Pew Research, percibe la violencia política como una amenaza inminente.

En este contexto de zozobra, la respuesta más llamativa ha sido la de varios altos funcionarios de la administración Trump: un éxodo discreto hacia las sombras de las bases militares en los suburbios de Washington D.C. Al menos ocho secretarios de gabinete y asesores clave han solicitado refugio en instalaciones fortificadas, citando amenazas crecientes a su integridad y la de sus familias.

Esta mudanza masiva, inédita en su magnitud desde los atentados del 11-S, responde a una avalancha de protestas violentas, campañas de doxxing —donde se revelan datos personales para incitar hostigamiento— y mensajes de muerte explícitos, muchos de ellos vinculados al asesinato de Kirk.Reportes de agencias como Reuters y The Associated Press revelan detalles concretos.

Marco Rubio, flamante secretario de Estado, se ha instalado en "Generals' Row", una hilera de residencias históricas en Fort McNair, custodiada por el Ejército. Allí, bajo un perímetro de vallas electrificadas y patrullas 24/7, Rubio ha encontrado un respiro tras recibir correos con balas y amenazas de "venganza por Gaza".

Pete Hegseth, el controvertido secretario de Defensa y excombatiente en Irak, no escatimó en gastos: destinó 137.000 dólares a remodelar su nuevo hogar en la misma base, incluyendo un búnker improvisado y sistemas de vigilancia privada.

"No es paranoia, es supervivencia", confidenció a un reportero de Fox News antes de cortar la llamada.Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional y exgobernadora de Dakota del Sur, tomó la decisión tras un escándalo de doxxing orquestado por un medio británico, The Guardian, que publicó su dirección residencial junto a un artículo crítico sobre sus políticas antiinmigrantes.

Noem, madre de tres hijos, se mudó a Joint Base Anacostia-Bolling, donde la Guardia Costera proporciona escoltas gratuitas. El asesor senior Stephen Miller, artífice de las duras medidas migratorias de la primera era Trump, abandonó su mansión en Arlington, Virginia, después de que manifestantes cubrieran sus muros con grafitis como "Deportador de almas" y "Trauma para familias".

Miller optó por una base no divulgada por razones de seguridad, pero fuentes cercanas indican que es Fort Belvoir, en Virginia.Otros nombres en la lista incluyen a Dan Driscoll, secretario del Ejército, quien comparte instalaciones en Joint Base Myer-Henderson Hall con Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional. Gabbard, excongresista demócrata convertida en aliada trumpista, enfrenta un cuello de botella en Fort McNair por la escasez de viviendas disponibles, lo que la obliga a rotar entre opciones temporales.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo anonimato, reveló que su traslado se precipitó por una "amenaza extranjera específica", posiblemente ligada a redes iraníes o chinas descontentas con la política exterior de Trump.

Esta "gran migración castrense" ha desatado una competencia feroz por las propiedades más espaciosas en las bases, que se alquilan a precios de mercado —alrededor de 4.655 dólares al mes para una casa de cuatro dormitorios—. Lo que para algunos en el círculo trumpista se ve como un "símbolo de estatus patriótico", para otros es un síntoma alarmante de la erosión democrática. La profesora Adria Lawrence, experta en conflictos políticos en la Universidad Johns Hopkins, lo resume así:

"Estas mudanzas no solo alejan a los líderes de sus votantes, fomentando un bucle de desconfianza, sino que normalizan la militarización de la esfera civil. ¿Qué mensaje enviamos cuando los elegidos del pueblo necesitan tanques para dormir tranquilos?".

El telón de fondo de esta inseguridad no es improvisado. Remite a una cadena de incidentes que han marcado 2025 como un año de infierno político: el incendio intencional de la mansión del gobernador demócrata Josh Shapiro en Pensilvania, en abril, atribuido a extremistas de derecha; los tiroteos contra legisladores republicanos en un mitin en Minnesota, en junio, que dejó dos heridos graves; y una oleada de paquetes explosivos enviados a oficinas del Departamento de Justicia.

Aunque el uso de bases militares para protección VIP no es novedoso —se remonta a casos aislados como el de Henry Kissinger en los 70—, su escala bajo Trump representa un punto de inflexión, coinciden analistas del Brookings Institution.La Casa Blanca, por boca de la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha avalado estas medidas como "respuestas proporcionales a amenazas genuinas y verificadas", sin avanzar cifras precisas para no alertar a posibles agresores.

Sin embargo, los críticos demócratas no han tardado en contraatacar. El expresidente Joe Biden, en una declaración desde su retiro en Delaware, cuestionó el "despilfarro" de recursos: "¿A qué costo para los oficiales militares desplazados de sus hogares? ¿Y qué pasa con la moral de las tropas, convertidas en niñeras de élite?".

Senadores como Elizabeth Warren han impulsado una moción para auditar los gastos, argumentando que esta "burbuja blindada" agrava la desconexión entre Washington y el americano medio.En el corazón de esta crisis late un debate más amplio sobre la violencia como epidemia nacional. Estados Unidos registra un promedio de 50.000 muertes por armas de fuego al año, según el CDC, y los episodios de violencia masiva —como el de Kirk— amplifican el trauma colectivo.

Tras estos horrores, surge la tentación de culpar a la "enfermedad mental", una narrativa cómoda que resuena en el imaginario público: el 70% de los encuestados por Gallup asocia tiroteos con trastornos psiquiátricos. Pero los datos desmienten esta simplificación.

La gran mayoría de los autores de violencia masiva no sufren un trastorno diagnosticado grave, y solo el 4% de los homicidios violentos involucran a personas con enfermedades mentales, per el American Psychological Association.

Al contrario, el estigma resultante castiga a millones de estadounidenses que luchan contra condiciones tratables como la depresión o la ansiedad, sometiéndolos a discriminación laboral, rechazo social e incluso leyes restrictivas injustas, como el internamiento involuntario en algunos estados.

Expertos como el psiquiatra forense Dr. Bandy X. Lee, coautora de The Dangerous Case of Donald Trump, advierten: "Invocar la locura como chivo expiatorio distrae de las raíces reales: el acceso ilimitado a armas, la retórica incendiaria de líderes y la desigualdad que fomenta el resentimiento".

En su lugar, proponen un enfoque de salud pública integral: regulaciones de armas más estrictas, inversión en salud mental comunitaria y campañas contra el odio en línea.

Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿puede Estados Unidos romper este ciclo antes de que la política se convierta en guerra civil?Esta ola de temor no solo redefine la seguridad personal de los poderosos, sino que cuestiona el alma de la democracia estadounidense.

Con elecciones midterm en el horizonte y Trump prometiendo "una América fuerte de nuevo", el refugio en barracas militares podría ser solo el prólogo de un capítulo más oscuro.