|
* PRI le da la espalda. "Que se investigue y castigue ejemplarmente": Ochoa Reza
* PAN también suspende derechos militantes a ex gobernador de Sonora
* Duarte dice que es inocente y que limpiará su hombre
* En su gobierno arreció el narcotrafico y asesinatos de periodistas
Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 12 de octubre de 2016.- A 48 días de que concluya su sexenio, y con su partido político en contra, el gobernador del violento estado de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa, envió al Congreso Local solicitud para separarse del cargo, “para limpiar mi nombre con fines electorales y poder responder a las denuncias penales en mi contra por desvió de recursos, peculado, uso indebido de funciones y presunto enriquecimiento ilícito”, explicó.
Tras la dimisión de Duarte, La Comisión de Anticorrupción del PAN, suspendió derechos militantes al ex gobernador de Sonora Guillermo Padres, con carácter provisional mientras se realizan las investigaciones por las acusaciones de probables delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Duarte es investigado por la secretaría de Hacienda (Finanzas) por haber cerrado contratos por 3.300 millones de pesos (unos 174,24 millones de dólares) con 32 empresas presumiblemente ficticias, y por la fiscalía general por presunto enriquecimiento ilícito y peculado.
Tras la solicitud de su licencia, el primero en exigir al gobierno federal una investigación seria y un castigo ejemplar para el veracruzano, fue el líder nacional de su partido político, el PRI, Enrique Ochoa Reza, quien garantizó que no habrá impunidad en este caso, “porque la gente exige un cambio, y lo habrá”.
Los líderes nacionales del PRD y del PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya Cortes, exigieron que se aplique la ley al ex Mandatario, que en su cuenta de Twitter escribió: “Veracruz requiere un gobernador de tiempo completo, lo he sido más de 5 años 10 meses; es tiempo de encarar con la verdad falsas acusaciones”.
El Congreso estatal, con mayoría priísta, deberá reunirse para aprobar la solicitud y designar a su sustituto por lo que le restan a este gobierno.
Duarte aseguró que no recibió presión del presidente Enrique Peña Nieto para renunciar a su cargo "se trató de una decisión personal".
El gobierno de Duarte, que entró en funciones en diciembre de 2010, también ha estado marcado por un recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, con secuestros, asesinatos y extorsiones que han hecho de Veracruz uno de los estados más violentos de México.
Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora
|
También es considerado el más peligroso para el ejercicio del periodismo, con 19 periodistas asesinados desde 2010, según recuentos de organizaciones civiles que piden se investigue a Duarte por algunos ataques contra comunicadores.
Y, al estilo de todos los políticos en el poder agregó: “Servir al pueblo veracruzano ha sido un privilegio y el más alto honor de mi vida”.
En una entrevista televisiva, el veracruzano afirmó: “nunca tomé un centavo” del erario público.
Afirmó que ninguno de sus colaboradores y ex colaboradores lo hizo.
Al conocer la noticia, el gobernador electo, el panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares, remarco que después del 5 de junio, fecha en que el PRI fue derrotado en las urnas, continuó el saqueo de las arcas públicas y se agravó la delincuencia organizada.
El mandatario electo advirtió que hasta diciembre próximo publicará información que cimbrará a México y podrá investigar y detallar el desfalco en que incurrió Duarte.
Yunes Linares aseguró que teme por su integridad física a menos de dos meses de que tome posesión como mandatario: “Sé que viviré 48 días de alto riesgo en todos los órdenes, pero tomaré posesión como gobernador del Estado y desde ahí haré todo para que Veracruz cambie”.
Por su parte, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, demandó a la Procuraduría General de la República actuar en lo inmediato contra Javier Duarte de Ochoa, una vez que el Congreso estatal autorice su licencia, para evitar su fuga.
Durante el gobierno de Duarte, el crimen organizado se disparó como nunca y registró el asesinato de 9 periodistas y dos secuestrados.
En 2011 Veracruz, al igual que el resto del país, vivía una crisis de inseguridad por la actividad del crimen organizado.
Ese año, el 20 de septiembre en la ciudad de Boca del Río, donde fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia. La reunión era encabezada por Marisela Morales Ibáñez, entonces titular de la Procuraduría General de la República.
Dos días después del suceso, durante el Encuentro Nacional de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, y ante la titular de la PGR, el Gobernador declaró que “a escasos metros del lugar donde nos encontramos, sucedieron hechos terribles, brutales, hechos que lamentamos y, por supuesto, rechazamos, hechos que nos lastiman a todos (...) En Veracruz no minimizamos al crimen, aquí en Veracruz lo situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos”.
El entonces Procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez informó que a pesar de desconocer el número total de cuerpos, podían asegurar, avalados por la base de datos Plataforma México, que todas las víctimas tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión o narcomenudeo.
Sin embargo, poco después, en entrevista televisiva con CNN dijo que sólo siete de los cadáveres habían sido identificados.
A raíz de estas declaraciones, el fiscal veracruzano fue destituido de su cargo.
Duarte, publicó en su cuenta de Twitter: "Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar (sic)" y en otro mensaje escribió: “Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México”.
En respuesta a estos señalamientos, Plataforma México indicó que era imposible que su base de datos arrojase resultados con tanta rapidez y menos aún cuando la única evidencia de la que disponían las autoridades eran huellas digitales.
Sin embargo, no fue ésta la primera vez que Plataforma México era involucrada en controversias y cuestionamientos. El grupo autodenominado Los Mata Zetas se atribuyó el crimen.
El 25 de octubre, la Procuraduría General de la República anunció que asumiría la investigación del caso.
Ante el incremento de hechos violentos que se vivían en la entidad y en el resto del país, las autoridades federales y estatales pusieron en marcha el operativo conjunto Veracruz Seguro el 4 de octubre de 2011, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
25 millones de pesos
El 28 de enero del 2012 elementos de la Policía Federal detuvieron, en el aeropuerto de Toluca, a Said Zepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del Gobierno del Estado cuando transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de la PGR, que realizaría una investigación para determinar si el origen del dinero era lícito y si este pertenecía en efecto al gobierno estatal de Veracruz.
El secretario de Finanzas del Estado del estado, Tomás Ruiz González, explicó que el dinero estaba destinado a las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín y añadió que no era ilícito transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. Dos días después, Vicente Benítez González, el Tesorero estatal renunció a su puesto para no entorpecer la investigación.
Asesinato de periodistas
Dos años después del inicio de su gobierno, sumaban nueve periodistas asesinados y dos secuestrados, incluida Regina Martínez de la revista Proceso que realizaba una investigación sobre los supuestos nexos entre funcionarios públicos y el narcotráfico.
En respuesta a ell, el gobierno del estado anunció una comisión para investigar el crimen y su posible relación con las publicaciones de la periodista.
La asociación internacional Reporteros Sin Fronteras calificó a Veracruz como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.
Lo mismo opinaban otros periodistas también secuestrados y asesinados en el estado, como Gregorio Jiménez de la Cruz.
Duarte propuso al Congreso estatal la creación de una Comisión de Protección a Periodistas de Veracruz, para atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, misma que fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria el 5 de julio del 2012.
El primero de agosto de 2015, el fotógrafo mexicano, Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso, fue asesinado junto con otras cuatro personas en la colonia Narvarte, en la capital del país.
Espinosa se encontraba en la Ciudad de México porque, según sus declaraciones, se sentía amenazado en el estado de Veracruz.
En una entrevista previa a lo sucedido, acusó al gobierno de Duarte de tener sometidos a los medios de comunicación.
Nadia Vera, una de las víctimas asesinadas junto a Rubén Espinosa, meses antes de su muerte, responsabilizó a Duarte y su gabinete por cualquier cosa que le sucediera.
*Con información de Wikipedia.
eab_elya@yahoo.com.mx
reportajesmetropolitanos@gmail.com |
|
¿QUIEN DIO LA ORDEN 
