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COCTEL MORENAHipocresía de un
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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
Por mis Plumas
Mientras México arde, con hospitales colapsados, colonias sin agua ni paz, Andy López, secretario de Organización de Morena, hijo del expresidente, compra en una tienda Prada, entre vitrinas de diseñador y lujo en Tokio, custodiado por el silencio cómplice del poder. La imagen lo dice todo, pero también lo calla todo: el país del “primero los pobres” se convirtió en vitrina del cinismo.
Morena nació como un movimiento de dignidad popular.
Hoy, sus cuadros más visibles se pasean por el mundo como si la austeridad fuera solo para las placas oxidadas de las patrullas que no llegan a tiempo a los tiroteos, como los de Ecatepec.
Ahí, la alcaldesa —orgullosa de recibir nuevas unidades— promete “paz”, pero la realidad es plomo: enfrentamientos con más de media docena de muertos, calles rotas, basura sin recoger, baches que parecen trincheras de abandono. ¿Qué parte del discurso oficial está hecha de verdad y cuál de marketing?
Desde el retablo de Noroña y su ego desbordado, hasta cada presidente municipal que se filtra en escándalos de nepotismo y abandono comunitario, la Cuarta Transformación ha mutado en Cuarta Exhibición: lujo, privilegio, blindajes, despilfarro.
¿Cómo justificar los viajes internacionales de los herederos políticos cuando la gente no encuentra justicia ni en su colonia?
La caricatura reciente que plasma a Andy saliendo de Prada, mientras México grita por ayuda a través de un monitor lleno de humo y consignas, se vuelve documental ilustrado de la decadencia.
La frase “el poder se ejerce con humildad” —pronunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum— se desmorona frente a cada imagen que contradice su credo.
¿Dónde están los principios de Juárez que el movimiento dice honrar? ¿Dónde la ética republicana que convirtió a Morena en esperanza?
Hoy lo que se exhibe, más que en redes, es el divorcio entre el dicho y el hecho. Y en ese divorcio, la ciudadanía queda huérfana.
Hipocresía: Política de Estado
Andy López sale de Prada en Tokio mientras México se desangra. Pero no está solo. Lo acompaña una constelación de incongruencias que se extiende desde Palacio Nacional hasta cada rincón donde gobierna Morena. La hipocresía no es un accidente: es política de Estado.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, habla de paz, justicia y derechos humanos. Pero mientras entrega informes en nombre de la presidenta, guarda silencio ante el desmantelamiento de la libertad de prensa, la militarización de la seguridad y el abandono de las víctimas. ¿Dónde está Gobernación cuando periodistas son censurados, cuando gobernadores reprimen, cuando las víctimas son culpabilizadas?
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle intenta maquillar el horror. La maestra jubilada Irma Hernández Cruz, secuestrada por una banda criminal, aparece esposada, arrodillada, obligada a grabar un video bajo amenaza. Días después, muere. ¿Y qué dice Nahle? Que fue un infarto. Que “les guste o no”, así murió. ¿Qué parte del secuestro, la violencia, el terror, no cuenta como crimen? ¿Qué parte del dolor no merece justicia?
En Campeche, Layda Sansores ha convertido el poder en censura. Un periodista tiene prohibido mencionar su nombre. Un medio debe someter sus publicaciones a revisión judicial. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas han condenado esta represión. Pero Layda sonríe en su programa oficial, mientras la libertad de expresión se convierte en delito.
En Puebla, Alejandro Armenta llama “canalla” y “cobarde” a un periodista por un tuit que ni siquiera escribió. Aprueba una “Ley Censura” disfrazada de ciberseguridad. Criminaliza la crítica, persigue medios, y dice que “a nadie se reprime”. Pero los hechos lo contradicen: periodistas enfrentan procesos judiciales, amenazas y campañas de desprestigio.
Y así, en cada municipio, cada presidente local repite el guion: promesas de paz, entrega de patrullas, discursos de transformación. Pero las balaceras, las muertes múltiples, la venta de droga, los antros en locales de mala muerte no cesan, los baches se multiplican, la basura se acumula, y la prensa es el enemigo.
En Ecatepec, la alcaldesa presume nuevas unidades mientras la violencia se dispara. ¿Qué parte del horror no cabe en sus informes?
La prensa no es el problema. Es el espejo. Y cuando el poder quiere romper el espejo, lo que teme no es la crítica: es la verdad.
La ciudadanía ya no necesita periodistas para saber que algo está mal. Lo vive. Lo sufre. Lo grita. Pero los periodistas siguen siendo necesarios para que ese grito se convierta en historia, en denuncia, en memoria.
Ecatepec:
la verdad blindada por invitación
En Ecatepec, la violencia no cesa, los baches se multiplican, la basura se acumula y las balaceras se vuelven rutina, aún con la Guardia Nacional.
Pero en las conferencias de prensa oficiales, todo está bien. ¿Cómo se logra ese espejismo? Con una estrategia tan sutil como perversa: invitar solo a periodistas que no viven en Ecatepec.
Los comunicadores que asisten a los eventos oficiales provienen de municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan o Toluca, zonas con menor índice de violencia, mejor infraestructura y, sobre todo, sin vínculo directo con la tragedia cotidiana de Ecatepec.
No conocen el territorio, no lo sufren, y por tanto, no lo investigan. Han sido seducidos por el poder, por el acceso, por la comodidad de cubrir sin incomodar.
Esta práctica no es casual.
Es una forma de maquillar la verdad, de blindar el discurso oficial contra preguntas incómodas, de evitar que la prensa local —la que sí vive los tiroteos, los apagones, los abusos— tenga voz.
Es una nueva censura: la censura por omisión.
La alcaldesa Azucena Cisneros presume patrullas nuevas, bonos para policías y respaldo estatal. Pero mientras tanto, los periodistas de Ecatepec son ignorados, excluidos, silenciados. No por decreto, sino por protocolo. No por ley, sino por agenda.
Esta estrategia se suma a la represión que ya se vive en otros estados gobernados por Morena: desde Campeche, donde se judicializa la crítica, hasta Puebla, donde se criminaliza el tuit. Pero en Ecatepec, el método es más sutil: se elige quién puede ver, quién puede preguntar, quién puede contar.
La prensa no puede ser decorado institucional.
Debe ser testigo incómodo, voz del territorio, eco de las víctimas.
Y cuando el poder decide quién puede mirar, lo que teme no es el escándalo: es la verdad sin maquillaje.
Y si no puede soportarlo, hágase una bebida:
Coctel Morena
Preparación recomendada: Agite en seco la promesa de dignidad. Añada unas gotas de austeridad republicana falsificada. Mezcle con hielo de represión mediática. Sirva sobre un cristal blindado por impunidad.
Ingredientes:
1 Andy López en Prada (Tokio) Secuestrado por sus propias contradicciones, el hijo del expresidente pasea entre vitrinas mientras México grita. Secretario de Organización de Morena, símbolo de que “primero los pobres” es un slogan de boutique.
2 patrullas nuevas en Ecatepec con 3 balaceras por día y nuevos puntos de venta de droga a la vista de la Guardia Nacional. La alcaldesa promete paz, pero la ciudad retumba y huele a pólvora y muertos por doquiere. Las calles rotas, los baches crónicos, la basura olvidada. Y mientras tanto, la prensa local excluida, sustituida por reporteros importados de municipios blindados que no cuestionan —ni viven— la realidad.
1 gota de Rocío Nahle (Veracruz) Transforma un secuestro en infarto, una víctima en cifra. La maestra Irma Hernández, esposada por una banda criminal, muere en silencio. Y el discurso oficial convierte la tragedia en trámite.
2 onzas de Layda Sansores (Campeche) Censura judicial, amenazas contra la prensa, y un talk show en cadena estatal. El periodismo debe “pedir permiso” para existir. ¿Y la Cuarta Transformación? Muda ante la represión.
1 pizca de Armenta (Puebla) Aprueba una ley mordaza disfrazada de ciberseguridad. Ataca periodistas, demoniza la crítica y declara que “nadie reprime”. Pero los procesos judiciales dicen lo contrario.
Decenas de alcaldes, presidentes municipales, secretarios, operadores de Morena En cada rincón, el poder se ejerce como marca, no como servicio. Seducidos por cámaras, viajes, presupuestos. Repetidores del guion oficial: “el pueblo está feliz”. Aunque el pueblo esté llorando.
Esta es una copa que no refresca, embriaga de poder.
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POLITICOS DE LA
4T
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| Premio a la Destrucción Planetaria | |
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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS Por mis plumas Mientras algunos líderes como Netanyahu lo nominan al Premio Nobel de la Paz, el mundo observa cómo Donald Trump ha sembrado caos, desplazamiento y devastación allí donde sus decisiones han alcanzado. No es paz lo que deja, sino una estela de fracturas geopolíticas, odio racial, colapso ambiental y violencia institucionalizada. Trump promovió la idea de convertir Gaza en un centro turístico de lujo, desplazando a dos millones de palestinos, sin mencionar sus derechos históricos ni la tragedia humanitaria que atraviesan. En alianza con Netanyahu, sus planes han sido calificados como limpieza étnica, mientras miles de viviendas son demolidas en campos de refugiados. Bajo su mandato, más de 200,000 migrantes han sido expulsados, incluyendo venezolanos enviados a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, donde permanecen incomunicados, sin juicio, defensa ni garantías. Violando principios básicos del derecho internacional, incluso propuso deportar ciudadanos estadounidenses, redefiniendo la ciudadanía como privilegio revocable. Ha amenazado abiertamente con bombardear México para enfrentar al crimen organizado, lo que expertos califican como violación de soberanía y provocación bélica. Sus declaraciones han desatado una ola de odio y polarización: En EE.UU., se han documentado agresiones racistas contra mexicanos. En México, han surgido marchas antigringo como respuesta al discurso supremacista. El resentimiento entre pueblos hermanos crece, alimentado por narrativas de confrontación. Ha declarado su intención de “recuperar el Canal de Panamá”, acusando a China de influir sobre la zona. Ha amenazado con intervención militar, queriendo reescribir tratados históricos como si fueran obstáculos personales. Ha desmantelado la Agencia de Protección Ambiental, abandonado el Acuerdo de París, y redirigiendo miles de millones de dólares a industrias contaminantes. Ha autorizado perforaciones en el Ártico, cancelado incentivos a energías limpias y bloqueado regulaciones de metano. Su política ambiental podría definirse en una sola palabra: colapso. Convirtió la ley en arma. Usa cárceles extranjeras como centros de detención fuera del radar. Desmanteló programas de asistencia humanitaria. Ignoró principios de no devolución, enviando personas a países donde podrían ser torturadas o asesinadas. ¿Premio Nobel de la Paz?
Lo que Trump merece no es una medalla por “pacificador”, sino un título que refleje su huella global:
eab_elya@yahoo.com.mx reportajesmetropolitanos@gmail.com |
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| CURP BIOMETRICA ES VIOLATORIA | |
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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS Por mis plumas
En 2021 la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó en procesos donde el propio INAI defendía su autonomía y funciones ante posibles vulneraciones legales a la ciudadanía cuando el gobierno pretendía obtener una radiografía de datos personales como los que ahora ha impuesto el gobierno de Claudia Sheinbaum, después de disolver en marzo de 2025 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien promovió la desaparición del INAI acusándolo de corrupto, costoso e ineficiente, alegando que el gobierno debía garantizar la austeridad republicana y vigilarse a sí mismo, sin necesidad de órganos independientes.
AMLO cargo el arma y Sheinbaum jaló el gatillo, como lo ha hecho con todo lo que su ex jefe le ha ordenado.
En marzo de 2025, se promulgó la nueva Ley General de Transparencia, que disolvió formalmente al INAI y transfirió sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, debilitando los contrapesos poniendo en riesgo el derecho ciudadano a la información y dejándolo desnudo frente a un gobierno abusivo y autoritario que unilateralmente impulso el CURP biométrico, que finalmente obliga a la población a entregarle todos sus datos, incluso su tipo de sangre y huella del iris, con lo que pierde todo derecho a su privacidad e intimidad.
Mientras la población estará obligada a entregar su rostro, iris, huella y firma digital para ser identificada por el Estado, este no se obliga a ser auditado y mucho menos regulado, toda vez que ha desaparecido todos los organismos autónomos que lo vigilan.
¿Quién vigila al poder en México?
Incluso, mientras los ciudadanos deben desnudarse en sus datos biométricos, a los delincuentes se les permite llamarse fulanito de tal N, suprimiendo sus apellidos, permitiendo que se filtren entre la gente sin que se sospeche que han cometido un crimen. Esto debe cambiar y exponer su nombre y todos sus datos, así como lo harán con toda la ciudadanía.
Con el pretexto de agilizar trámites y encontrar personas desaparecidas, se impone una Plataforma Única de Identidad administrada en parte por el Ejército, sin supervisión independiente ni controles ciudadanos.
Esto no solo digitaliza a la población: la perfila, la monitorea y la somete al escrutinio estatal en tiempo real, como en esas películas futuristas, donde la población es controlada por un gobierno supremo.
¿Dónde están los contrapesos?
La iniciativa fue aprobada sin consulta ciudadana ni debate plural. La oposición política parece en coma. Las organizaciones civiles guardan silencio. Si esta reforma hubiera sido propuesta por otro gobierno y la oposición fuera López Obrador, las calles estarían encendidas de protestas.
Andrés Manuel López Obrador, que alguna vez acusó al poder de imponer decisiones sin consultar al pueblo, ahora orquesta lo mismo desde las sombras blindando a su partido MORENA y al gobierno, dejando al ciudadano desnudo ante el abuso del poder.
El Estado —cómplice de filtraciones de datos y fallas tecnológicas— exige a los ciudadanos lo irreversible: biometría sensible a cambio de derechos básicos que esta obligado a dar el Estado y las instituciones.
Esto no se puede permitir.
Los datos biométricos no se cancelan, no se reponen. Sí son vulnerados, no hay marcha atrás. Y en un país con historial de espionaje ilegal, persecución política y corrupción gubernamental, poner estos datos en manos opacas es una renuncia colectiva al derecho a la privacidad.
Las implicaciones políticas son mayores que las técnicas. Lo que se normaliza hoy como “eficiencia administrativa” se convertirá en la infraestructura invisible del autoritarismo: una base de datos al servicio del control social, sin reciprocidad, sin vigilancia del poder, sin garantías de uso limitado.
La reforma fue aprobada ayer por el Senado de la República y la envió al Congreso para su revisión y publicación en el Diario Oficial.
Aún hay tiempo para exigir frenos, exigir transparencia, exigir un debate abierto sobre el alcance de esta herramienta.
Lo que está en juego no es un trámite burocrático: es el alma de nuestra democracia.
Aunque la CURP biométrica ya fue aprobada por el Congreso, su implementación no es inminente ni definitiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede declarar su inconstitucionalidad si se presenta una acción legal bien fundamentada.
Organizaciones civiles, legisladores o incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden impugnar esta reforma acreditando que viola derechos fundamentales, como la privacidad, la proporcionalidad del uso de datos biométricos y la ausencia de controles democráticos.
La Corte tiene la facultad de suspender su aplicación o anular partes clave del decreto.
Pero para que eso ocurra, es necesario movilizarse jurídica y socialmente antes de que sea demasiado tarde.
Y en caso de que la SCJN no actúe adecuadamente por estar condicionada por el poder político, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos pueden convertirse en una vía de defensa y entre ellas se pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatorías Especiales de la ONU y Organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
La CURP biométrica, tal como está planteada, es incompatible con un Estado de derecho. Es violatoria.
Si el poder exige transparencia al ciudadano, el ciudadano debe exigir el mismo nivel de escrutinio al poder.
De lo contrario, no nos gobierna un sistema de justicia: nos administra un gobierno autoritario, muy cercano a la dictadura.
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