CACHORROS DEL PODER

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
Por mis Plumas

En México, el poder no solo se hereda en las urnas, también en los apellidos. Los hijos de los expresidentes se han convertido en actores visibles de una narrativa que mezcla privilegios, impunidad y espectáculo. Son los “cachorros del poder”, herederos de una historia de corrupción, pactos ocultos y secretos inconfesables.

El más reciente enfrentamiento entre José Ramón López Beltrán y Luis Felipe Calderón Zavala, hijos de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente, expuso las tensiones que aún dividen al país.

En la red social X, los cachorros Zavala y López Beltrán se acusaron mutuamente de enriquecimiento ilícito, uso de recursos públicos y fraude electoral.

José Ramón publicó una imagen de los hijos de Calderón abordando un helicóptero presidencial y sentenció:

“Tu papá se robó la presidencia”.

Calderón Zavala respondió defendiendo los viajes oficiales y cuestionando el patrimonio de la familia López Obrador.

El cruce terminó con un “ya me aburriste” que, lejos de cerrar el debate, lo convirtió en espectáculo.

Pero estos no son los únicos cachorros que han dado de qué hablar.

Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari, fue vinculado con la secta NXIVM, acusada de esclavizar mujeres.

Ana Cristina Fox, hija de Vicente Fox, fue criticada por usar helicópteros presidenciales para fines personales.

Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, se volvió símbolo de desconexión social tras llamar “prole” a los mexicanos.

Andy López Beltrán, hermano de José Ramón, ha sido señalado por sus viajes de lujo y presuntos contratos otorgados a allegados.

La línea entre poder político y crimen organizado se difumina aún más cuando se mencionan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán Salazar, líderes activos del Cártel de Sinaloa.

Alejandrina Guzmán, por su parte, maneja la marca “Chapo 701” y ha sido vista en eventos sociales con figuras públicas.

Aunque no hay pruebas directas de pactos entre hijos de presidentes y los “Chapitos”, la cercanía simbólica entre elites políticas y criminales ha generado sospechas, sobre todo en sexenios donde el narcotráfico se fortaleció.

¿Qué heredan realmente los cachorros del poder?

No solo apellidos. Heredan privilegios, impunidad y acceso a estructuras que el pueblo aún no logra desmontar.

Algunos los usan para construir empresas, otros para defender legados, y unos más para reproducir los pactos que mantienen viva la corrupción.

En tiempos de polarización, los hijos de los poderosos se convierten en actores simbólicos de una batalla por la memoria

 Pero mientras se enfrentan en redes, el pueblo sigue esperando justicia, verdad y dignidad.

En América, el poder no se extingue con el fin de un sexenio. Se transforma, se hereda, se reproduce.

En Venezuela, Nicolás Maduro (PSUV, izquierda autoritaria), acusado de narcotráfico por Estados Unidos que ha ofrecido una recompensa por su cabeza por 50 millones de dólares,  ha colocado a sus hijos e hijastros en el corazón del régimen venezolano.

Nicolás Maduro Guerra, su hijo biológico, ha sido sancionado por EE.UU. por corrupción y amenazas bélicas.

Rafael, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, hijos de Rosario Murillo, han sido vinculados al narcotráfico y redes de lavado de dinero.

La familia Ortega-Murillo en Nicaragua (FSLN, izquierda radical) repite el patrón:

Laureano, Rafael y Camila Ortega Murillo ocupan cargos clave en diplomacia, economía y propaganda.

Todos han sido sancionados por EE.UU. por corrupción y represión.

Zoilamérica Ortega, hija mayor, denunció a Daniel Ortega por abuso sexual y vive exiliada.

En Colombia, Nicolás Petro (izquierda, hijo de Gustavo Petro) fue detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Afirmó que parte del dinero recibido provenía de narcotraficantes y fue usado en la campaña presidencial.

En Brasil, Flávio Bolsonaro (derecha radical, hijo de Jair Bolsonaro) fue investigado por desvío de fondos públicos.

En EE.UU., Hunter Biden (centro liberal, hijo de Joe Biden) enfrenta cargos por evasión fiscal y posesión ilegal de armas.

Frente a este abanico de corrupción familiar,  se puede afirmar que los hijos del poder no son simples herederos.

 Son los cachorros del poder que refleja las contradicciones de sus padres, los excesos del sistema y las fracturas éticas de nuestras democracias.

 En tiempos de polarización, su conducta no solo afecta la imagen presidencial, sino que evidencian un patrón que no puede ignorarse: la mayoría de estos hijos problemáticos provienen de líderes de izquierda, desde Maduro, Ortega hasta López Obrador y Petro.

¿Coincidencia o consecuencia?

 La izquierda latinoamericana, que se proclamó defensora del pueblo, ha reproducido dinastías familiares, estructuras de impunidad y alianzas oscuras que contradicen sus propios discursos.

En México, aunque se especula que el “cachorro” Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, es el delfín político rumbo a 2030, su perfil representa más una amenaza que una garantía para Morena.

Su estilo de vida ostentoso, los escándalos por presunto tráfico de influencias y su fracaso como operador electoral en Durango y Veracruz han generado tensiones internas y rechazo de líderes estatales.

Andy no encarna la ética ni la austeridad que dieron origen a la Cuarta Transformación; por el contrario, su protagonismo podría fracturar la base moral del movimiento y acelerar su desgaste rumbo a la presidencial.

 Si Morena insiste en blindar una sucesión dinástica sin autocrítica ni congruencia, corre el riesgo de perder no sólo legitimidad, sino también el poder.

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PATRULLA MOTEL

Igual de corruptos

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
Por mis Plumas

En días recientes, un video viral mostró a dos policías capitalinos teniendo relaciones sexuales dentro de una patrulla oficial, uniformados, en horario laboral y a plena luz del día.  Se esperaba su despido inmediato, pero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decidió protegerlos y en su lugar castigar a quien grabó la indignante escena.

El hecho, por sí solo, representa una violación flagrante a los protocolos de actuación, al uso de recursos públicos y al respeto que merece la ciudadanía.

Ante la evidencia infraganti se esperaba que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunciara su despido inmediato y la disolución de parejas policías hombre-mujer, que sólo andan juntos para romancear.

Siempre se les ve coquetenado entre ellos, mientras la población es sometida por el crimen organizado.

Pero lo más alarmante es busca castigar a quien grabó y difundió el video, invocando la Ley Olimpia, que contempla hasta seis años de prisión.

Esto es absurdo.

O sea, la Ley Olimpia sí le sirve a una mujer policía que rebaja su dignidad y de paso la de todas las mujeres al aceptar tener escandalosas relaciones sexuales en plena vía pública dentro de una patrulla, en horarios laborales y por si fuera poco con unos gritos que no hablan de pasión, sino de necesidad de un ascenso.

Se suponía que el ingreso de las mujeres a la Policía era para dignificarla, pero esta emulando al hombre en corrupción.  Que vergüenza.

La ciudadanía enfrenta diariamente balaceras, extorsiones, desapariciones y abandono institucional.
Mientras tanto, quienes deberían protegerla se entregan a actos personales dentro de vehículos oficiales.

No hay nada que investigar: el video es claro, los hechos son públicos, y la sanción debería ser inmediata.

La Ley Olimpia fue creada para proteger a víctimas de violencia digital, no para blindar actos impúdicos cometidos por servidores públicos en espacios públicos.

Usarla en este contexto es una distorsión peligrosa que convierte al denunciante en criminal y al infractor en víctima.

¿Desde cuándo grabar una falta pública se convirtió en delito?

¿Por qué se protege la privacidad de quienes traicionan el uniforme, mientras se criminaliza a quien exhibe la corrupción?

La patrulla no es un refugio para el deseo. No es un motel.

La destitución inmediata de los policías involucrados es lo menos que se espera.

También debe prohibirse que parejas sentimentales compartan patrullas, para evitar distracciones y actos impropios.

O de plano que no “trabajen” juntos, ya nadie los ve con respeto. Son igualmente corruptos.

La Ley Olimpia debe revisarse y no utilizarse para evitar que se convierta en herramienta de censura institucional y protección de servidores públicos irresponsables.

La ciudadanía merece respeto, no simulación.

El uniforme no es escudo para el abuso, y la patrulla no es un motel.

La ética institucional no debe ser negociable, y la denuncia ciudadana debe ser protegida, no perseguida.

MORENA protegió un cambio, pero no dijo iba a ser en reversa

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