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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS México, con 132.9 millones de habitantes, es un país donde 40.3 millones de personas viven en pobreza laboral, es decir, 30.7% de la población no puede comprar la canasta alimentaria con su ingreso. En este contexto, la bancarización real sigue siendo limitada: aunque 73 millones de adultos tienen acceso a algún servicio financiero formal, solo 38.4 millones usan dinero digital de manera activa. Esto significa que apenas el 29% de los mexicanos participa realmente en la economía digital, mientras que el resto depende del efectivo para sobrevivir, especialmente en zonas rurales donde la pobreza laboral alcanza 44.2%. La brecha tecnológica, la falta de dispositivos seguros, el acceso irregular a internet y la ausencia de educación financiera hacen imposible una transición justa hacia un sistema digital obligatorio. Imponer una Ley de Economía Digital en estas condiciones no es modernización: es sometimiento. Una ley que reduce el uso del efectivo en un país donde más de la mitad de la población no está integrada al sistema financiero solo fortalece al gobierno, que gana capacidad de vigilancia y control sobre cada transacción, y al crimen organizado moderno, que ya opera sin fronteras mediante criptomonedas, fintechs fachada y redes digitales globales. Mientras tanto, el pueblo —los pobres, adultos mayores, trabajadores informales y pequeños comercios— queda atrapado en un sistema que no entiende, no controla y no puede costear. México no está listo para una economía digital obligatoria, IMPUESTA, y aprobarla hoy solo profundizaría la desigualdad y debilitaría aún más a quienes ya viven al margen del sistema. México enfrenta hoy un mapa criminal profundamente fragmentado. Aunque durante años se habló de “dos grandes cárteles”, la realidad es mucho más compleja: investigaciones de la DEA, el FBI y centros de inteligencia mexicanos coinciden en que el país alberga entre 40 y 50 organizaciones criminales activas, si se consideran cárteles, células, brazos armados y pandillas regionales. De ellas, entre 6 y 10 califican como cárteles de alto impacto, con estructura transnacional, capacidad financiera y presencia en múltiples estados. Esta fragmentación no significa debilidad; al contrario, ha permitido que los grupos criminales se adapten, se dividan y se multipliquen, operando con autonomía y sofisticación creciente. Entre todas estas organizaciones, el Cártel de Sinaloa sigue siendo identificado por la DEA y el FBI como la organización criminal más poderosa y rica del mundo, con presencia en más de 40 países y redes financieras globales. Durante décadas enfrentó un obstáculo: mover grandes cantidades de efectivo fuera de México era riesgoso, lento y costoso. Por eso construyó un imperio de propiedades, empresas fachada y prestanombres en América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Pero ese problema histórico prácticamente desapareció con la transición hacia mecanismos digitales de lavado, criptomonedas, fintechs fachada y plataformas internacionales que permiten mover millones sin tocar un billete. En este contexto, una Ley de Economía Digital que reduzca el uso del efectivo no golpea a estas organizaciones; las fortalece. El crimen organizado moderno ya opera en lo digital, domina criptomonedas, triangula transferencias, utiliza tarjetas prepagadas internacionales y lava dinero mediante plataformas globales. La digitalización elimina el obstáculo que alguna vez limitó su expansión: la necesidad de mover efectivo físicamente. Mientras tanto, la población pobre, los adultos mayores y los trabajadores informales —que dependen del efectivo para sobrevivir— quedan expuestos a exclusión financiera, vigilancia y dependencia tecnológica. La combinación de una ley que permite a Hacienda prohibir el efectivo en sectores completos, un país con baja bancarización y un crimen organizado altamente digitalizado crea un escenario peligroso: el Estado gana control, los cárteles ganan libertad operativa y el pueblo pierde autonomía. En un México donde más de 40 grupos criminales operan simultáneamente y donde el Cártel de Sinaloa ya funciona como una corporación global, imponer una economía digital sin infraestructura, sin inclusión y sin garantías no es modernización: es abrirle la puerta a quienes ya dominan el mundo digital y cerrarles el paso a quienes dependen del efectivo para vivir. Un país sin bancarización suficiente no puede digitalizar su economía sin consecuencias graves. México sigue siendo un país donde la mayoría de las operaciones económicas se realizan en efectivo, como reconoce el propio dictamen al señalar que la infraestructura existe, pero el uso es limitado. La ley promete “promover la inclusión financiera” y “facilitar créditos digitales”, pero no garantiza que la población tenga acceso a internet, dispositivos seguros o educación financiera. Diputados de oposición lo dijeron con claridad: “La inclusión digital no se decreta, se construye.” Sin esa construcción previa, cualquier transición obligada hacia pagos digitales excluye, vulnera y castiga a quienes dependen del efectivo para sobrevivir. El punto más peligroso: Hacienda podrá prohibir el efectivo en sectores completos. El dictamen establece que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos donde los pagos digitales serán la única forma de pago. Este es el corazón del problema: un poder discrecional, sin límites claros, sin criterios definidos y sin salvaguardas para la población vulnerable. Diputados advirtieron que esto otorga “poder absoluto y discrecional” a Hacienda para decidir dónde prohibir el efectivo. En un país con baja bancarización, esto no es modernización: es control financiero sobre la vida cotidiana de millones de personas. El gobierno gana control; el pueblo pierde autonomía. El boletín presume que la ley “moderniza la relación entre ciudadanía, empresas y gobierno”. Pero modernizar sin garantizar derechos ni acceso universal es simplemente centralizar poder. Diputados del PRI lo señalaron: El crimen organizado moderno ya opera digitalmente: esta ley no lo toca. Mientras el pueblo lucha por retirar $50 pesos de un cajero, el crimen organizado: La ley promete “estrechar espacios de lavado de dinero”, pero no regula criptomonedas, no establece controles internacionales, no protege a usuarios vulnerables, y no aborda la sofisticación digital del crimen organizado. El narco viejo dependía de bodegas de efectivo. El narco actual depende de redes digitales globales, por lo que la Ley de Dinero Digital parece estar hecha a su medida. Reducir el uso del efectivo golpea al pequeño comerciante, al trabajador informal, al adulto mayor. Una transición sin condiciones es una imposición disfrazada de modernización La ley afirma que la transición será “gradual”, pero no define: plazos realistas, infraestructura mínima, mecanismos de protección, apoyos para pequeños negocios, garantías para zonas sin internet. Diputados de MC lo dijeron con precisión: “Una cosa es dar opciones y otra es aprobar una ley que empiece a reducir el uso de efectivo sin haber resuelto antes quién va a pagar esa transición.” Conclusión: México no está listo, y el pueblo será el más afectado La Ley de Economía Digital, tal como está planteada, no nace desde el pueblo ni para el pueblo. Nace desde el poder y para el poder y para el crimen organizado. Favorece: al gobierno, que gana control, al crimen organizado sofisticado, que ya opera sin fronteras, a los grandes actores financieros y tecnológicos. Perjudica: a los pobres, adultos mayores, pequeños negocios, a todos los que viven en la informalidad, a quienes dependen del efectivo para sobrevivir. México necesita modernizarse, sí. Pero no así, no sin infraestructura, no sin inclusión, no sin seguridad, no sin garantías, no sin justicia. Una ley digital sin país digital es una ley que somete y sólo beneficia al crimen organizado. No es una ley que transforma. eab_elya@yahoo.com.mx |
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